La Sala II de la Cámara Federal porteña dejó sin efecto la resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi en la que había procesado a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López -entre otros- por presunto «negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y dádivas» en la causa por el Soterramiento del Tren Sarmiento, uno de los derivados del escándalo de coimas de Odebrecht. La nulidad alcanza a la falta de mérito que se había dictado para el ex dueño de la constructora Iecsa y primo del presidente, Angelo Calcaterra y el lobbista Jorge «Corcho» Rodríguez, entre otros empresarios.
En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.
La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi y el fiscal Picardi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht (investigada en el Lava Jato) , IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.
A mediados de abril, el juez Martínez De Giorgi se pronunció sobre la situación procesal de ex funcionarios kirchneristas y empresarios vinculados al contrato para soterrar la traza del tren Sarmiento: se trata de la obra que tuvo a su cargo la firma brasileña en UTE con IECSA, Ghella y Comsa. En dicha resolución, había determinado que hasta entonces no podía darse por corroborado el circuito de coimas como para procesar a los empresarios.
«No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas» que se investigan, sostuvo el juez en su momento sobre los empresarios al dictarles la falta de mérito.
Respecto a los ex integrantes del extinto ministerio de Planificación Federal, Martinez de Giorgi los había procesado por «negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas», por favorecer presuntamente a las firmas ganadoras de la licitación, determinación que incluyó al ex asesor y señalado testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez.
Bajo esta misma figura, se había procesado además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos. «Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas» por parte de esos integrantes de las firmas, había considerado el juez.
Al respecto se pronunciaron los jueces de la Sala II, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes declararon la nulidad de la resolución «por entender que no había fundamentado debidamente distintos aspectos que se debían analizar». De esta manera, hicieron lugar a los reclamos de las defensas de los acusados.
