El vicegobernador se reunió con los jueces Díaz, Fernández Mednía, Losi y Sappa. Hablaron sobre las problemáticas en común que tiene el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Una de ellas es el mecanismo de selección de los magistrados sustitutos. Además, se comprometieron a trabajar en conjunto, y en reunirse nuevamente con los presidentes de bloque.
“Los poderes independientes no deben ser compartimentos estancos, sino que debe haber una relación institucional entre los tres poderes del estado, que no significa tomarnos atribuciones que no nos correspondan”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Mariano Fernández, después del encuentro con los jueces integrantes del Superior Tribunal de Justicia.
Los jueces coincidieron con el vicegobernador en la necesidad de mejorar el sistema para elegir a los magistrados sustitutos. En este sentido, Fernández Mendía, titular del STJ expresó: “El tema que nos preocupa a todos es que cuando hay vacantes judiciales no se puede acudir a la subrogancia y se acude a la sustitución, entonces conversamos en la reunión sobre las posibilidades para darle una legitimidad de origen a los magistrados y funcionarios y sustitutos”.
Para esto, es necesario desarchivar algunos proyectos que ya están en la legislatura. Uno de ellos, es una iniciativa que presentó en el año 2014 el propio Mariano Fernandez, por entonces diputado provincial, por el cual se pretende modificar algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer pautas para la designación de funcionarios y magistrados sustitutos. Esta propuesta es para aquellos casos de suspensión, licencia, vacancia u otro impedimento, que exceda el plazo de 30 días, y en los que el STJ tiene la facultad de ordenar reemplazos en forma transitoria de distintos cargos.
Además, establece que los funcionarios judiciales y abogados que aspiren a desempeñarse como sustitutos deberán rendir un examen para poder integrar el padrón con el cual el STJ deberá cubrir las vacantes producidas. Para eso se designará una comisión evaluadora compuesta por un representante de ese organismo, uno del Poder Ejecutivo, dos del Legislativo, uno por la mayoría y uno por la minoría, y un representante del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia.
También, se prevé una entrevista personal, un examen escrito, cuyo puntaje máximo será de 50 puntos, y el análisis de los antecedentes curriculares, también con un puntaje máximo de 50 puntos. El examen sería de carácter público, y para confeccionar el padrón se tendrá en cuenta el orden de mérito. Asimismo, los postulantes incluidos se mantendrán por el plazo de tres años.