El presidente aseguró que el proyecto reparatorio para los jubilados “busca resolver todas las situaciones». Y enfatizó que para poder pagarles el gobierno quiere «cobrarle un impuesto a los que más tienen y los que evadieron para utilizar los recursos del fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSES». La medida beneficiará a 2,5 millones de jubilados. La próxima semana llegará al congreso el proyecto de sinceramiento fiscal.
El presidente Mauricio Macri presentó un proyecto de ley para la Reparación Histórica de los Jubilados que permitirá saldar las sentencias judiciales con o sin sentencia firme, que se ajusten los haberes de unos dos millones de pasivos y que los futuros beneficiarios puedan acceder al nuevo cálculo que incrementará las jubilaciones en un 45 por ciento promedio.
Este proyecto -que será enviado al Congreso el lunes- pretende poner fin a «décadas de atropello y estafa del Estado con los jubilados» y en consecuencia «reparar años de injusticias», dijo esta mañana Macri al explicar que los fondos necesarios surgirán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y del impacto del blanqueo de capitales que también fue anunciado en un acto que se desarrolló en Centro Cultural del barrio porteño de San Cristóbal.
El Presidente, en su discurso, pidió al Congreso que trate «en tiempo récord» el proyecto de ley.
De acuerdo al anuncio y a las precisiones que distintos funcionarios del Gobierno fueron brindando durante la jornada, la idea es que todo jubilado -esté o no en trámite judicial- logre ajuste de haberes y cobre lo que le corresponde. Esto también contempla que aquellos que tienen trámite judicial en curso, tengan o no sentencia firme, puedan cobrar el retroactivo; y que los que se jubilen de aquí en adelante empiecen cobrando bajo el nuevo esquema.
De esta manera, se actualizará el haber jubilatorio a 380.000 personas con juicio previsional en trámite, y a 60.000 con sentencia firme, en tanto que otros 2 millones de jubilados que no iniciaron el juicio podrán tener una inmediata recomposición, con la previsión de que el 50 por ciento de los potenciales beneficiarios requerirá la revisión del expediente jubilatorio original.
En segunda instancia, el proyecto incluye que quienes ya cumplieron 65 años y no se jubilaron, puedan tener derecho a una pensión.
El Gobierno también espera que se abra el debate para la recreación de «un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo», dijo Macri.
Sobre el origen de los fondos para hacer frente a las nuevas obligaciones previsionales del Estado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aclaró que el proyecto de ley no prevé utilizar los fondos que puedan surgir de la venta de acciones de empresas privadas que mantiene la Anses en su poder para el pago de los reatroactivos a los jubilados.
«Con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) no es necesario salir a vender las acciones», remarcó Prat Gay al insistir: «Tenemos los fondos para empezar a pagar, vamos a tener los ingresos del ejercicio de exteriorización fiscal que van a ir directo a la Anses y vamos a empezar a hacer los pagos, así que no hay de momento intención de salir a vender acciones».
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) precisó tras el anuncio que el proyecto de ley para la Reparación Histórica de los Jubilados consiste en un «plan voluntario» que permitirá el reajuste del haber jubilatorio de acuerdo con parámetros que mejoran la forma de cálculo del haber inicial y los aumentos posteriores.
El programa se extenderá durante 3 años, y será prorrogable por otro tanto, mientras la implementación será compleja y requerirá paciencia de parte de la población alcanzada, dado que aproximadamente el 50 por ciento de los 2,2 millones de potenciales beneficiados requieren la revisión del expediente jubilatorio original. La inversión estimada para llevar adelante el programa de reparación fue estimado en 75.000 millones de pesos por año.
El proyecto de ley no incluye a la totalidad del universo de jubilados, ya que quedarán afuera temas puntuales en estudio, aplicables mayormente a cuestiones de leyes especiales y temas residuales del ex régimen de capitalización.
«Tenemos los fondos para empezar a pagar, vamos a tener los ingresos del ejercicio de exteriorización fiscal que van a ir directo a la Anses y vamos a empezar a hacer los pagos, así que no hay de momento intención de salir a vender acciones
«La Anses también anticipó que el presidente firmará un decreto para modificar los coeficientes que permiten calcular el haber inicial de las personas que acceden a la jubilación, lo que demandará un gasto adicional cercano a los 1.946 millones de pesos para los próximos 12 meses a valores de hoy.
El nuevo cálculo se realizará aplicando índices salariales que reflejan la evolución de las remuneraciones en toda la extensión del período, de modo de corregir el problema señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de falta de actualización o ajuste insuficiente entre 1991 y la fecha de sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria en 2009.
En cuanto a la implementación de una pensión universal para quienes se encuentran en edad de jubilarse pero no pueden acceder al beneficio, incorporada también en el proyecto, alcanzará a 3.967 pesos a valores actuales, estará atado a la Ley de Movilidad que prevé actualizaciones en marzo y septiembre y otorgará acceso a los beneficios del Pami.
La inversión para el primer año del pago de la pensión universal será de 3.011 millones de pesos, según difundió la Anses, y se asegura que deberá alcanzar el 80% de la jubilación mínima y vitalicia.
