Diversos gremios se reunieron con la senadora Norma Durango, donde hablaron sobre diversos temas. Destaca el pedido que le hicieron para que solicite que las obras sociales y mutuales cooperativas sean exceptuadas de los alcances de la Ley de medicina prepagas 26682/11, que según los gremios “los puso en igualdad de condiciones con las prepagas”.
Los gremios nucleados en la CGT que lidera en La Pampa, José Oses (UTA), se reunieron con la senadora Norma Durango, le reclamaron que saque a las obras sociales y mutuales cooperativas de los alcances de la Ley de medicina prepagas 26682/11, que los puso en igualdad de condiciones con las prepagas. Esta incorporación se da por los decretos 1991/11 y 1993/11.
Esta causa varios inconvenientes, pero el principal es exigir (en el caso de mutuales, cooperativas y gremios) el programa médico obligatorio (PMO) ya que muchas dan medicina parcial, principalmente las mutuales en localidades donde la medicina prepaga no ve rentable el negocio.
En la reunión con la legisladora nacional estuvieron dirigentes de distintos sindicatos como UTA, CAMIONERO, UATRE, SATSAID, UOSA, UOMA, LUZ Y FUERZA MERCEDES, APEL, COMERCIO, ATSA, ATHILRA, PETROLEROS, FARMACIA, SMATA, entre otros.
Fueron varios los temas abordados en el encuentro: ley de libre opción, convenios colectivos del sector privado, situación laboral y Ley de Salud.
Asimismo se le pidió rever el decreto 508/98 de libre opción, para evitar que el sistema solidario se desfinancie, esto sucede debido a que las obras sociales de medicina prepagas buscan, dentro del sector laboral, a jóvenes (con baja tasa de uso), a trabajadores de altos ingresos y de familia no numerosa, además de no tomar pacientes con enfermedades crónicas o de tratamientos prolongados. En todos los casos podemos observar que a las obras sociales sindicales les queda el padrón restante y esto termina por desfinanciar el sistema solidario y sobre todo el modelo de solidaridad sobre el cual se basa el mismo.
Los sindicalistas pampeanos le pidieron a Durango que impulse una modificación en estas leyes y decretos para sacarlos, ya que consideran que es “injusto” que tengan las mismas obligaciones que las prepagas, cuando éstas sólo persiguen el negocio y que desfinancien las obras sociales sindicales.
También le plantearon la situación laboral en la provincia y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, como consecuencia de la caída del empleo en el sector privado.
