La fiscal de General Rodríguez que investiga al ex funcionario kirchnerista José López, detenido la semana pasada cuando arrojaba bolsos con casi nueve millones de dólares adentro del predio de un monasterio, aguarda para este jueves los resultados de los peritajes a la carabina que le secuestraron al momento de su detención y de estudios de laboratorio, para saber si estaba alcoholizado o bajo los efectos de alguna droga.
Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 10 de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, espera además los resultados de un peritaje clave a las cámaras de seguridad que funcionan en el predio del Monasterio Nuestra Señora de Fátima, de la localidad bonaerense de General Rodríguez, adonde López estaba arrojando el dinero.
Este martes, el ex secretario de Obras Públicas se negó a declarar ante la fiscal Rodríguez, quien lo investiga por el delito de «portación de arma de uso civil atenuado» y su defensa alegó que se encontraba bajo un «estrés reactivo».
En tanto, la semana pasada, López también se había negado a declarar ante el juez federal Daniel Rafecas, quien instruye el expediente en el que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Los investigadores aseguraron que este jueves la fiscal recibirá los sobres con el resultado de los análisis de sangre y orina a los que fue sometido el ex funcionario al momento de llegar al penal de Ezeiza, el jueves pasado, tras su detención dos días antes a la madrugada.
Los análisis se ordenaron debido a que, ese día, en el marco de su paso por la Alcaidía de los Tribunales Federales de Comodoro Py, López se había mostrado en un estado de extremo nerviosismo, lo que hizo sospechar que podía padecer un síndrome de abstinencia por el consumo de drogas.
Según fuentes de la investigación, pese a que López mostró una cierta mejoría en su estado durante el fin de semana, desde este martes se lo notaba nuevamente con un estado de alteración que hizo necesario que se lo medicara.
Por eso, este miércoles estaba medicado y compensado en su celda del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), en el penal de Ezeiza.
Este martes, el detenido estuvo reunido durante cuatro horas con su abogada, Fernanda Herrera, pero sin que se concretara su declaración indagatoria ante la fiscal Alejandra Rodríguez, en el marco de la causa por tenencia de arma con licencia vencida, que se iba a realizar en el mismo penal, en una sala especial con la que cuenta cada módulo para que los presos puedan declarar.
Además, los peritos de la Oficina Técnica del Ministerio Público Fiscal finalizarán este jueves los resultados sobre la carabina marca Sig Saguer calibre 22 que le secuestraron a López la misma madrugada de la detención.
Por otra parte, las fuentes judiciales aseguraron que el viernes próximo se realizará el peritaje clave sobre el disco rígido que recibe las imágenes de las cámaras de seguridad que están instaladas en el predio del monasterio.
«Todavía no sabemos si esas imágenes quedaban guardadas en el disco rígido o si solamente filmaban», dijo a Télam un investigador con acceso al expediente judicial.
En tanto, la fiscal Rodríguez analizaba ahora las más de seis contratos por alquileres de inmuebles que fueron secuestrados en la casa en la que vive López en el partido bonaerense de Tigre.
Uno de esos contratos de locación pertenecía a un inmueble en la provincia de Santa Cruz y estaba firmado por la esposa de López con la empresa Austral Construcciones, perteneciente al también detenido empresario Lázaro Báez.
Según las fuentes judiciales, el resto de los contratos también están firmados por la esposa de Báez y corresponden a inmuebles alquilados en esa provincia del sur argentino años atrás.
En la casa del Tigre, la fiscal también secuestró declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de los últimos años del ex funcionario kirchnerista, las cuales también quedaron bajo resguardo y serán entregadas a la Justicia Federal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la fiscal Rodríguez espera interrogar en los próximos días a dos albañiles que habrían sido los que construyeron las bóvedas halladas el fin de semana en el monasterio de General Rodríguez.
La fiscal quiere saber cuál era el fin de esas bóvedas, dijeron las fuentes judiciales.
Según fuentes judiciales, fueron los perros los que marcaron el lugar donde se hallaban las tres bóvedas, motivo por el cual se levantó un tapete y se encontraron las tapas que mantenían sellado el ingreso al lugar.
La monja, llamada Alba, de 95 años, le dijo a la fiscal Rodríguez que dos de esas bóvedas estaban destinadas a alojar los cuerpos del fallecido al arzobispo emérito Rubén Di Monte y para el suyo, cuando falleciera.
La otra bóveda, que según la Justicia tiene el aspecto de haber sido construida tiempo después, estaba llena de escombros.
