El juez federal Sebastián Ramos procesó al ex ministro de planificación y al ex secretario de transporte Ricardo Jaime, y les trabó embargos por $ 500 millones a cada uno en una causa en la que se investiga la renegociación de los contratos ferroviarios durante su gestión.
El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido sumó hoy un asegundo procesamiento por la políticas ferroviarias, en este caso por no haber instrumentado la renegociación de las concesiones de la líneas de trenes de los años noventa.
El juez federal 2 de la Capital, Sebastián Ramos, lo procesó junto al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «negociaciones incompatibles» con la función.
También les trabó un fuerte embargo de 500 millones de pesos a cada uno en una resolución en la que aludió al «incumplimiento de la ley 25,561 en lo concerniente a la obligación de renegociar los contratos de servicios públicos del área metropolitana».
De Vido ya fue procesado en mayo pasado por el juez federal Claudio Bonadío por su supuesta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de febrero del 2012, por la cual Jaime ya está condenado.
Jaime también fue condenado por octubre del 2015 en otro juicio por el delito de dádivas de las concesionaria ferroviaria TBA, a la que debía controlar, dato que en la resolución del 164 páginas es mencionado como un hecho «indiciario» en esta causa.
Se trata de una denuncia iniciada en agosto del 2012 por Edgardo Carranza de la denominada Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes (ADEPAUT), quien apuntó contra Jaime y su sucesor, Juan Pablo Schiavi, también condenado por el trágico accidente ferroviario.
Según el denunciante existió un «acuerdo entre funcionarios públicos y las empresas concesionarias de los servicios de ferrocarriles, para que éstas no llevaran adelante los planes de inversión establecidos en 1994 al momento de producirse la concesión del sistema ferroviario.
El objetivo había sido mantener el régimen de excepción de la emergencia «con el fin de continuar recibiendo subsidios sin realizar las inversiones.
La maniobra se habría concretado bloqueando la puesta en funcionamiento de un organismo interjurisdiccional denominado Ente Coordinador de Transporte Metropolitano (ECOTAM), creado por ley 25031 sancionada en octubre de 1998.
El organismo, integrado los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y los 27 municipios del área metropolitana (AMBA), funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Transporte para coordinar el sistema ferroviario.
En 2003 se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicio Públicos –UNIREN¬, que nunca fue integrada técnicamente ni convocada para avanzar en la renegociación de los contratos de concesión de Trenes de Buenos Aires SA, Ferrovías SA y Metrovías SA , según se constató en la investigación.
«No se cumplió con lo ordenado por la ley 25561 en su artículo 9, a través del cual encomendó al Poder Ejecutivo la renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, tarea que fue a su vez delegada en la Secretaria de Transporte», señala la resolución de juez Ramos.
