Representantes de distintos estamentos del Poder Judicial de la Nación y de las provincias se manifestaron en forma unánime contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre sus salarios.
Así lo hicieron en una reunión que había sido convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se desarrolló a puertas cerradas en el Palacio de Tribunales, en la que los presentes resolvieron crear una “comisión de trabajo” para evaluar distintos aspectos relacionados con el pago del tributo.
El encuentro, que tuvo como escenario el Salón Gorostiaga del cuarto piso del edificio, comenzó minutos después de las 11, cuando el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, expresó su “preocupación” por el tema, en referencia a iniciativas que apuntan a establecer el pago del Impuesto a las Ganancias para los integrantes del Poder Judicial, actualmente no alcanzados por ese tributo.
En ese marco, jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados judiciales, y consejeros de la Magistratura rechazaron en forma unánime ser sujetos pasivos del impuesto.
Como argumento de esa postura fue mencionado el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece la “intangibilidad” de las remuneraciones de los magistrados y también la “afectación” que sufrirían los ingresos de aplicarse ese tributo “máxime teniendo en cuenta la inflación” y la disparidad entre los sueldos de los jueces de distintas jurisdicciones.
“Hay camaristas (en la Justicia provincial) que, con 20 años de antigüedad, ganan menos de 40.000 pesos por mes y una quita importante en sus haberes provocaría que abandonen sus cargos”, advirtió Rafael Gutiérrez, presidente de Junta Federal de Cortes y del máximo tribunal de Santa Fe.
La reunión de casi medio centenar de representantes del Poder Judicial de la Nación y de los poderes judiciales de distintas provincias tuvo como marco una ruidosa protesta que realizaron en la planta baja del Palacio de Tribunales empleados judiciales en rechazo al eventual pago del Impuesto a las Ganancias.
De hecho, producto de esa anunciada protesta, por la mañana se había reforzado, con vallas, corte de calle y fuerte presencia de efectivos de distintas fuerzas, la seguridad del edificio, pero ello no impidió que quienes trabajan en el Palacio se concentraran en el hall central de la planta baja e, inclusive pisos superiores, desde donde arrojaron papelitos y acompañaron los cánticos contra la aplicación del impuesto.
Mientras, en la reunión realizada a puertas cerradas, hubo repetidas referencias al latiguillo “el salario no es ganancia”, el mismo que utilizaron como consigna los cientos de trabajadores nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que aludían también a la denominada «ley de enganche» por la cual sus salarios están atados a los de los magistrados.
En tanto, sobre los ecos de bombos, sirenas y cometas, los protagonistas del debate hicieron referencia a la «independiencia» de los jueces y al hecho de que, salvo funciones académicas, no pueden desempeñar otras tareas remuneradas.
Además de representantes del Poder Judicial, también estuvieron asistieron los de los ministerios públicos fiscal y de defensa, pero no sus titulares Alejandra Gils Carbó y Stella Maris Martínez.
Sino discordante, la única voz que melló la “unanimidad” contra el pago del impuesto fue la del procurador fiscal Víctor Abramovich, quien luego de ser requerido por el resto de los presentes también se expresó como hicieron los demás.
La situación de los magistrados -quienes por una acordada de la Corte de 1996 están excluidos del pago del Impuesto a las Ganancias- “no es un privilegio”, porque “sus remuneraciones han sido calculadas teniendo en cuenta que no pagarían el impuesto”, afirmó uno de los asistentes a la reunión.
La “disparidad” entre los sueldos de la Justicia federal y la provincial -“que representa el 85 por ciento del país”, precisó otro de los que participaron en el encuentro- fue otra de las razones repetidas en la reunión que duró algo más de media hora.
En 1996, los magistrados, que no pagaban el tributo, habían sido incluidos como sujetos pasivos por la Ley 24.631, pero la Corte, entonces presidida por Julio Nazareno, declaró mediante la Acordada 20/96 que la norma era “inaplicable” al Poder Judicial.
Tres antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Medina”, “Bonorino Peró” y “Chiara Díaz”) contienen considerandos contra el pago del tributo.
No obstante, uno de los inminentes nuevos integrantes de la Corte, cuyo pliego fue aprobado por el Senado de la Nación el miércoles paso, Horacio Rosatti, se pronunció en favor del pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los jueces al defender su postulación en la Cámara alta.
“Los jueces deben pagar Impuesto a las Ganancias”, contestó el 3 de marzo pasado cuando fue consultado al respecto en la audiencia pública organizada por la Comisión de Acuerdos del Senado.
En tanto, durante el gobierno del Frente para la Victoria, había sido la propia Cristina Fernández de Kirchner la que, en diferentes oportunidades, se había pronunciado en favor de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias.
