La jueza federal María Servini de Cubría procesó a los ex jefes de Gabinete nacional del kirchnerismo, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández por incumplimiento de deberes a raíz de la omisión de controlar el uso de los fondos del Programa Fútbol para Todos.
La decisión recayó además sobre el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, ex coordinador del FPT, aunque, en su caso, quedó procesado por un delito más grave, peculado -el desvío de fondos públicos confiados para la custodia- que prevé hasta diez años de prisión, según el fallo de 343 carillas al que accedió Télam.
«Mariotto por la función de coordinador del programa tenía a su cargo la custodia de los ingresos de la explotación comercial del programa, la cual surge expresamente en la decisión administrativa por la cual asume y se crea el comité, por lo que fue encomendada en razón de su cargo», consideró Servini.
Además, y por el delito de «administración fraudulenta agravada» en perjuicio de la administración pública, quedaron procesados el presidente de la AFA, Luis Segura, y los dirigentes futbolísticos Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo.
En el fallo, Servini declaró extinguida por fallecimiento la acción penal contra el ex presidente de la AFA Julio Grondona, aunque aclaró que le hubiese correspondido un procesamiento como «autor» de varios delitos.
Al igual que los tres últimos jefes de Gabinete del kirchnerismo, Servini procesó al ex coordinador del FPT Pablo Paladino por «violación de deberes de funcionario público».
En todos los casos, los procesamientos fueron dispuestos sin prisión preventiva y con multimillonarios embargos en los que ponderó el perjuicio causado al Estado Nacional y a los clubes que estuvieron «cada vez más empobrecidos», según consta en el fallo.
Sobre el presidente de la AFA, Luis Segura, recayó un embargo por 50 millones de pesos, mientras que a los demás directivos los embargó por 20 millones a cada uno.
En tanto, los ex jefes de Gabinete quedaron embargados por 10 millones de pesos y Mariotto por 5 millones.
En la causa, se investigan irregularidades en el manejo de los fondos del programa, en particular un convenio con la empresa de camiones Iveco y el cambio de cheques por parte de dirigentes futbolísticos en financieras y «cuevas».
