Tras más de 50 años de conflicto, Colombia dio este jueves un paso histórico hacia la paz con la firma de un acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se encaminan a convertirse en un movimiento político legal.
El entendimiento fue suscripto en un acto que concentró la atención de buena parte del mundo y en el que estuvieron varios presidentes de la región, y que constituye el preludio del fin del conflicto interno más largo de la historia de América.
El acuerdo de «cese de hostilidades bilateral y definitivo, y de dejación de las armas», expuesto en La Habana, incluye además «garantías sobre seguridad y lucha contra las organizaciones» paramilitares o derivadas de éstas y toda otra que amenace la implementación del acuerdo definitivo de paz, así como condiciones para la «refrendación» de este último.
Entre otros aspectos, el texto establece que los guerrilleros estarán concentrados en 22 zonas de Colombia, saldrán de los campamentos «sin armas y de civil», y que la Organización de Naciones Unidas (ONU) recibirá y fundirá todas las armas actualmente en poder de las FARC, hasta este jueves la principal organización insurgente del país.
El acto de anuncio fue en el salón El Laguito, en La Habana, el mismo escenario en el que se firmaron los anteriores acuerdos del proceso de paz iniciado en noviembre de 2012, hace 1314 días.
Después de que sonara el himno nacional colombiano, los diplomáticos cubano Rodolfo Benítez y noruego Dag Nylander, representantes de los países garantes del proceso de paz, leyeron alternadamente el texto, que luego firmaron los jefes de los equipos negociadores, el ex vicepresidente Humberto de la Calle por el Ejecutivo, y el número dos de las FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez.
De cerca, observaban entre sonrisas los mandatarios de Colombia y Cuba, Juan Manuel Santos y Raúl Castro, y el máximo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
Junto a ellos, en la extensa mesa central, estuvieron el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el canciller de Noruega, Borge Brende, y los mandatarios de los países acompañantes del proceso, la chilena Michelle Bachelet y el venezolano Nicolás Maduro.
Como invitados asistieron los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; de República Dominicana, Danilo Medina, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, quizás una presencia por demás simbólica porque integró la insurgencia de su país que después llegó al poder a través de las urnas.
Además del cese al fuego bilateral y «definitivo», que hace inminente un tratado de paz, el entendimiento traza una «hoja de ruta» para que la guerrilla deje las armas, un paso que las FARC deberán dar en seis meses después de la firma del acuerdo.
La dejación de armas por parte de la guerrilla se realizará a partir del acuerdo final en tres fases: el 30 por ciento en un plazo de 90 días a partir del acuerdo final, otro 30 por ciento a 120 días de la firma de la paz, y el 40 por ciento restante a 180 días.
Ese procedimiento estará monitoreado y verificado por un equipo internacional coordinado por la ONU, organismo que «recibirá la totalidad del armamento de las FARC para destinarlo a la construcción de tres monumentos» acordados entre el Gobierno colombiano y la guerrilla.
Para el cumplimiento de la dejación de armas, el cese al fuego y de cara al tránsito de las FARC a la vida civil se crearán 22 «zonas transitorias de normalización» y 8 campamentos para la concentración de los guerrilleros, zonas que serán territoriales, temporales y transitorias.
Como el cese del fuego requiere del despliegue de ONU, se estima que se iniciará formalmente en unos 40 días, alrededor de para cuando se estima que puede darse la firma del acuerdo final. Sí se estima que se dará de inmediato el cese de algunas hostilidades como la extorsión y las que no necesiten de una verificación inmediata.
Sobre el esquema de seguridad para los guerrilleros desmovilizados, se prevé un sistema orgánico, de protección mixto -que incluye hasta personal de la misma guerrilla-, pero en el que será clave la creación de una unidad de persecución de las bandas criminales y su respectivo sistema de judicialización.
Se conformará la Subdirección Especial en la Unidad Nacional de Protección y una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. De igual modo, se ofrecerán las mismas garantías a líderes de derechos humanos, movimientos sociales, políticos, de género, LGBTI y civiles que habiten en las zonas donde por años tuvo presencia la guerrilla.
A la hora de los discursos, Santos destacó que se trató de de “un día histórico” para Colombia, que marca “un punto final» al conflicto. “No solo se acordó un cese al fuego sino que se definió un programa preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Es el fin de las FARC como grupo armado», remarcó.
«Llegó la hora de vivir sin guerras y ser un país en paz, después de 50 años de enfrentamiento”, resalto Santos, que llamó a las FARC a “dirimir las diferencias por los cauces democráticos a partir de ahora”.
Lamentó el presidente que los niños y los jóvenes de Colombia «no han conocido un solo día sin conflicto armado», y expresó que los colombianos veían a diario noticias con «imágenes de dolor y sufrimiento y se acostumbraron al horror de la guerra”, con el paso dado este jueves “se da vuelta a esta trágica página de esta historia».
Tras agradecer a los países garantes y observadores del proceso, Santos reveló que la firma del acuerdo final será en Colombia.
El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, sorprendió en su discurso al vaticinar que las Fuerzas Armadas colombianas y las de esa guerrilla serán aliadas en adelante al servicio de la paz. «Fuimos adversarios; en adelante tendremos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia», manifestó.
El conflicto armado interno dejó en Colombia cerca de 250 mil muertos y unos 5 millones de desplazados. Las negociaciones en La Habana se iniciaron en noviembre de 2012, después de meses de conversaciones secretas, y hasta este jueves ya se habían logrado acuerdos sobre desarrollo agrario, participación política y víctimas.
También con el Ejército de LIberación Nacional (ELN), la segunda organización guerrillera, la administración santos tiene encaminada la posibilidad de un diálogo, aún sin fecha ni sede.
