La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó a pedido del fiscal del caso, Federico Delgado, realizar un análisis y que se le informe, en caso de detectar «contradicciones», cuál fue su motivo, confirmaron fuentes judiciales.
Delgado había pedido la medida para determinar si las diferencias detectadas en las declaraciones juradas fueron originadas en la «dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal».
En 2013, Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, según argumentó su defensa, las declaraciones juradas tenían distintos formularios a los que se usan a nivel nacional y que están supervisados por la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la denuncia que originó la causa penal hecha por el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez, habría contradicciones en las declaraciones juradas en relación a las firmas off shore, radicadas en Panamá y Bahamas, en las que Macri habría figurado como directivo.
El análisis se encargó de manera conjunta a la OA y a la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño.
Casanello les dio un plazo de 10 días para elaborar un «informe conjunto» y detallar las diferencias entre ambos formularios.
En la causa se investigan las sociedades vinculadas a dos firmas off shore, Fleg Trading LTD y Kagemusha SA.
El juez ya libró exhortos a Bahamas y Panamá para que informen «a la brevedad» si el Presidente figura o figuró como accionista de ambas firmas.
Según el denunciante, las sociedades no figuran en las declaraciones juradas de Macri previas al escándolo conocido como Panamá Papers.
