Un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió al gobierno de Mauricio Macri sobre la falta de «protección social» ante las medidas adoptadas en 8 meses de gestión, al tiempo que le atribuye la creación de ‘nuevos pobres’ y le pide «una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles».
Con el título «Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social», el informe fue presentado esta tarde en el campus Puerto Madero de la UCA por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández; y el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.
Con la coordinación de Salvia, el equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió hoy como un «diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada» por la administración de Mauricio Macri y los «urgentes desafíos» que se plantean.
Silva explicó que el informe permitió establecer que, entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres aumentó en un 1,4 millón y que «más de 400 mil personas se sumaron a la indigencia», en un contexto en el que -resaltó- «los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad» para los sectores más desprotegidos.
El trabajo mantiene un equilibrio entre «los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica» de los últimos años que, según Silva, no contribuyeron a erradicar la «pobreza extrema» (que afecta a 4 millones de personas) y los «costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses».
Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que «no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores».
En una detallada síntesis, Silva resaltó como objetivos «imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza» que los sectores sociales más postergados accedan a la «seguridad social y a programas de transferencias de ingresos».
Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 «mejoró el empleo decente» para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.
En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca «soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar» considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la «tan inevitable como dolorosa transición» pero que -por lo general- se adoptaron «de manera tardía».
Entre esas medidas se destaca el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados.
En ese marco, advierte que «el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social», sino también los «millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales», quienes -según señala el informe- no recibieron una «especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad».
El informe indica que a este segmento de la población «no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales» y considera a esta «masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares» como los «‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno».
Asimismo se reconoce que el gobierno necesita «tiempo» para que la economía comience a crecer, pero advierte que «muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles».
En el primer capítulo del informe, en el que se presentan datos sobre la pobreza estructural a partir de la inseguridad alimentaria y las necesidades básicas insatisfechas, se indica que las tasas de pobreza experimentaron una «importante reducción» entre 2010 y 2011, pero que «esta situación cambia, y la pobreza tiende a crecer entre 2012 y 2015».
«La evolución en el tiempo de los indicadores de marginalidad estructural indica que tanto la Inseguridad Alimentaria (IA) como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evidencian un descenso entre 2010 y 2015», se remarca.
En cuanto a los ingresos monetarios, indica que «se registra una fuerte mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego, se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos retrocesos en 2014 y 2015».
