El Estado Provincial echó al cabecilla de los policías que se acuartelaron en diciembre de 2013 en el marco del reclamo nacional que hicieron fuerzas de seguridad en distintas partes del país.
Julián Giménez fue el primero en recibir la cédula de notificación esta mañana. Allí se le informó que fue echado de la fuerza policial por llevar más de 2 años en pasiva tras haberse levantado contra un gobierno democrático y por estar procesados, a la espera del juicio oral, por la sedición del 11 de diciembre de 2013.
El argumento utilizado es una formalidad establecida en la norma jurídica de facto que rige la conducta de los integrantes de la Policía de La Pampa. Allí se establece que el personal que pase entre dos años y dos años y medio en situación de pasiva pierde el estado policial. En el caso de Giménez, está en pasiva desde el 22 de noviembre de 2013.
El cabecilla del levantamiento escribió en su Facebook esta mañana: “Cuando decir la verdad tiene un costo; cuando querer sanear una institución y democratizarla tiene costo; cuando pretender querer derechos humanos para la policía, tiene costo. Enfrentar al poder político corrupto tiene un costo”.
“Yo seguiré de pie y dando lucha, no me vencerán. La unión hace la fuerza”, agregó, y cerró con un mensaje que da cuenta del desencanto con quienes antes apoyaron su movida: “Para los que pensaron Tierno es mejor y Ayala nos salva”.
El actual ministro de Seguridad fue uno de los primeros que se acercó a la Jefatura de Policía tomada durante los días de la sublevación para hablar con Giménez y su grupo. Les ofreció asesoramiento legal y les pidió que levantaran la medida, amén de sostener que estaban llevando a cabo un reclamo legítimo. Lo mismo hizo el actual jefe de la Policía, el comisario retirado Roberto Ayala.
El enojo de Giménez y sus seguidores alcanza al gobernador Carlos Verna, para quien hicieron campaña electoral en la interna contra el kirchnerismo y en la elección general del 25 de octubre de 2015.
Los policías que se encuentran en la misma situación que Giménez son: Carlos Daniel Gatica, Daniel Narciso López, Roberto Germán Bartolomé Mora, Jeremías Martín Salvatierra, Carlos Aníbal Mendibe, Luis Horacio Bruno, Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Marcelo Cisneros, Silvio Norberto Rojas y Pablo Montes; y los retirados José Luis Furriol y Luis Wiggenhauser, quienes podrían perder su jubilación.
Rojas y Montes fueron acusados también de los delitos de coacción y daño porque se hicieron presentes en la sede de Vialidad Provincial y luego de violentar el portón de ingreso e intimidar a los presentes, cargaron combustible en un patrullero.
El levantamiento policial en la provincia duró 27 horas e incluyó la toma de la Jefatura de Policía, ubicada en pleno centro de Santa Rosa y el acuartelamiento en todas las seccionales de la capital y en varias del interior.
Para descomprimir la situación el entonces gobernador Jorge les otorgó un auemtno de salario del 19%, que se le sumó al 24% que habían recibido todos los estatales, y logró que depusieran su actitud.
En esa negociación les adelantó que estudiaría el accionar de cada uno de los agentes y denunciaría a los responsables del levantamiento. De los más de 100 sublevados, solo quedaron 14 a disposición de la justicia.
