La medida se ordenó en el marco de una serie de pruebas dispuestas por el magistrado, que ayer libró «orden de presentación» y encomendó a Gendarmería Nacional ir a la sede para buscar los libros contables de la Fundación, desde donde garantizaron que serán llevados al juzgado, explicaron fuentes judiciales.
Precisamente el abogado de Michetti, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que «es absolutamente falso que se haya ordenado un allanamiento o secuestro en la fundación SUMA».
En este sentido, precisó que «el juzgado, como es de práctica, ordenó la presentación de documentación perteneciente a la fundación, lo que fue notificado por las fuerzas de seguridad», en un comunicado difundido anoche por la oficina de prensa de la Vicepresidencia.
Esta medida fue parte de una resolución más amplia en la que, además, Lijo dispuso que la UIF informe «con carácter de urgente» la existencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) relativos a la fundación «SUMA para el diseño de políticas públicas con visión estratégica» .
Además, en esa resolución el magistrado le pide a la UIF que informe si «ha recibido reportes por parte de las UIF de otro país en relación a la persona jurídica mencionada», según la resolución a la que accedió Télam.
También levantó el secreto bancario y pidió al Banco Central que requiera informes a bancos, financieras y entidades cambiarias para que, en diez días, informen si SUMA «registra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etcétera), así como también si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física».
Además, indica que, de ser así, envíe al juzgado «la documentación correspondiente a los productos y/o servicios contratados (extractos de movimientos, resúmenes de tarjetas de crédito, órdenes de transferencia, mensajes SWIFT, legajo completo del cliente incluyendo poderes, contratos, registro de firmas, formulario de apertura de cuenta -actas de directorio y actas de asamblea- y todo formulario bancario que haya suscripto)».
También se «deberá informar la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario» y operaciones de cambio de divisas en caso de existir desde el 15 de septiembre de 2009 hasta la fecha.
Lijo incluyó en las medidas de prueba a la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi y requirió a la AFIP el envío «urgente» de sus declaraciones juradas de impuesto a las ganacias y bienes personales de 2014 y 2015.
También pidió a la IGJ informes sobre la eventual participación de Tonelli en la sociedad de responsabilidad ilimitada «Tough Match», copia del legajo e informes sobre si «participa o ha participado de sociedades inscriptas ante ese organismo.
La investigación se inició luego de que el abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandié, denunciaran a la vicepresidenta con el objetivo de que se indague sobre el origen del dinero que le fue robado en noviembre.
El robo ocurrió la noche en la que se consagró vicepresidenta cuando le sustrajeron 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa.
Por el robo fue procesado y enviado a juicio David Cruzado, un policía que formaba parte de su custodia.
Michetti afirmó que, de lo robado, 200 mil pesos que estaban en una bolsa de cartón provenían de donaciones a la Fundación SUMA, que 45 mil eran para el pago de refacciones en la vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, para pagar una maestría de su hijo.
