La senadora Norma Durango mantuvo una reunión con representantes de APINTA Anguil quienes conjuntamente con los otros gremios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), denunciaron un recorte presupuestario de 1140 millones de pesos para 2017. Unos 218 millones de una partida corresponden a salarios de profesionales y personal de apoyo, poniendo en riesgo a más de 600 puestos de trabajo. Los delegados de APINTA le manifestaron su preocupación ante la perspectiva cierta de que el presupuesto del año próximo incluya este recorte en el financiamiento de la institución, tal cual lo prevé el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo Nacional al Senado. Este recorte, dicen los y las trabajadoras «amenaza la estabilidad laboral de más de 600 trabajadores del INTA comprometiendo a su vez la operatividad del Instituto y su capacidad de llevar adelante proyectos de investigación y desarrollo estratégico. Los delegados de APINTA Seccional Anguil hicieron un llamamiento público a los legisladores nacionales de la provincia de La Pampa para que no convaliden este «arbitrario recorte que compromete la estabilidad laboral de decenas de trabajadores y el bienestar de decenas de familias pampeanas, afectando además el funcionamiento de una institución con prestigio internacional y de extraordinario nivel técnico profesional como es el INTA».
Recordemos que la senadora Durango alertó sobre esta situación el pasado mes de mayo a través de una iniciativa parlamentaria de su autoría por la que solicitó que «el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Agroindustria de la Nación y respecto a la situación por la que atraviesa el personal que trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), informe:
a) De manera detallada y documentada acerca de los retrasos en materia de desembolsos presupuestarios previstos oportunamente.
b) Sobre las medidas que se hayan dispuesto o proyectado disponer para garantizar la continuidad del normal funcionamiento del Instituto en lo referente a sus actividades de investigación y extensión que habían sido programadas.
c) Sobre las medidas que se hayan dispuesto o proyectado disponer para que el INTA pueda cumplir con sus obligaciones indelegables tales como la evaluación y control del ambiente, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la viabilidad de las economías regionales y el mejoramiento de la calidad de vida de la familia rural. Actividades que por cierto son abordadas parcialmente por la actividad privada en el país».
Durango dijo al respecto que la finalidad de su proyecto era que «Nación informe sobre las razones por las cuales no ha adoptado las medidas correspondientes en materia presupuestaria para el normal cumplimiento de las responsabilidades propias y de las indelegables del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Haciéndome eco de la preocupación por la situación de incertidumbre que afecta al personal del INTA tanto en lo referente al cumplimiento de sus funciones como en cuanto a la continuidad de una parte relevante de sus recursos humanos.
Si bien desde fuentes gremiales se vienevdenunciando año tras año la contratación de personal en forma precarizada por parte de la institución son ahora estos técnicos y profesionales contratados en esta modalidad los que primero quedan de un día para otro en la calle tras años de desempeñar funciones para la institución, sin alcanzar remuneraciones mínimas, sin acceso a una obra social o a beneficios básicos como el aguinaldo o las vacaciones. Estas deficiencias, si bien son de importancia, quedan empequeñecidas frente a la alarmante situación que plantean los despedidos.
Cabe considerar que en los últimos años se han producido numerosas bajas en la fuerza de trabajo de las Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) y sus dependencias debido a jubilaciones, renuncias, traslados y fallecimiento de compañeros. En virtud de ello, las actividades de los trabajadores precarizados venían a cumplir un rol vital de suplantación, por lo que estos despidos sumados a la sensible reducción de su presupuesto, determinará indefectiblemente un notable descenso en la capacidad operativa del INTA.
Lamentablemente, esta situación se enmarca dentro de una sistemática política de reducción de las capacidades estatales que se manifiesta en la reducción presupuestaria, en el cierre de programas y, particularmente, en la ola de despidos provocada por las nuevas autoridades nacionales desde la asunción en sus cargos» dijo Durango.
Y agregó que «la situación en el INTA resulta de extrema gravedad por el papel estratégico que tiene esta institución en el apoyo a los pequeños y medianos productores y por los avances que ha logrado en materia de investigaciones».