Desde el Colegio de Psicólogos advierten sobre el debilitamiento de la normativa sancionada en el 2010 y reglamentada en el 2013, con desmantelamientos de programas, despidos y falta de presupuesto.
Lautaro García, presidente del Colegio de Psicólogos de La Pampa, adelantó detalles sobre la marcha que realizarán mañana en la ciudad de General Pico, en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental 2665.
Bajo la consigna “#NosPlantamos 7 de octubre 19Hs. Plaza San Martín, Ciudad de Gral. Pico. Sumá tu foto”, García explicó en declaraciones radiales que “el colegio se suma a una serie de actividades que se realizarán en todo el país, debido al debilitamiento del espíritu de la ley y de las políticas relacionadas con el sector de la Salud Mental”, indicó al programa “Despertando a la Trama”, que se emite por Radio La Tosca y conducen Franco Armanini y Lisandro Moreno.
“Esta ley de Salud Mental es un hito histórico que recoge la experiencia de trabajadores de Salud Mental de más de 30 años, sancionada en el 2010 y reglamentada en el 2013. Es una ley que se inscribe en un paradigma de Derechos Humanos y promueve la Salud Mental en múltiples dimensiones, fijando como política de estado una política integral e intersectorial, que tenga que ver con garantizar otros derechos como el del derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, o el cierre o adecuación de los manicomios, entre otros puntos”, dijo.
“Lo que se ha visto en este año es un debilitamiento en relación a eso, no se han convocado instancias de participación democrática como el Consejo Consultivo o la CONISMA, que debe promover políticas intersectoriales, tampoco ha sido convocada y que venía funcionando hasta diciembre de 2015”, dijo.
“A esto se suma una política de desmantelamiento del Estado de cierre de programas y despidos en trabajadores del área de Salud Mental o el cierre de Programas de Capacitación en Atención Primaria de la Salud”, agregó.
“Hay un sinnúmeros de decisiones y políticas, como el cese del programa de médicos comunitarios en Corrientes, con el cese de 300 contratos, por lo que queremos expresar nuestro descontento frente a esto y exigir la plena implementación de la Ley de Salud Mental”, agregó.
García criticó también la presentación de un proyecto de ley que pretende quitar a las Adicciones de la ley de Salud Mental. “Esto tiene un carácter punitivo y que alimenta el lenguaje bélico, como la guerra contra las drogas. Este tipo de iniciativas apunta a que los problemas de adicciones se liguen con la inseguridad ciudadana y no al campo de la salud”, afirmó.
“Hay otras iniciativas como el auge y avance de leyes por patología, que avanzan a la niñez y la infancia que promueven en la práctica el abuso de diagnósticos, la medicalización de los niños, con explicaciones biologicistas que no atienden a la perspectiva de la Ley, que es política de Estado”, dijo.
“Para nosotros, este retroceso y debilitamiento de la Ley no se explica en la maldad de los funcionarios, sino que hay un posicionamiento ideológico y filosófico ante la Ley, que es política de Estado y no puede se debilitada con actos administrativos, como el quitar presupuesto o despedir gente”, afirmó.
García destacó que la Ley de Salud Mental fija un porcentaje de presupuesto que no debe ser modificado y que debería estar en la discusión de la Ley de Presupuesto.
—¿Por qué es importante esta ley?
—Esta ley promueve que las personas que padecen problemas psíquicos, participen activamente de la creación de políticas públicas sobre la salud mental. Si bien hay mucho por mejorar, el Colegio de Psicólogo ha participado en la creación de esta ley que ha logrado la participación social y no solo de organizaciones de profesionales.
Nosotros apostamos a la construcción colectiva y apostamos a eso. La Salud Mental ha sido una suerte de paria dentro del sistema de Salud y esta ley vino a intentar reparar la estigmatización y lograr la reconversión de hospitales psiquiátricos y buscar otra mirada, desde una perspectiva de los Derechos Humanos.
