Cinco empresas aéreas privadas presentaron hoy sus planes de negocios y solicitaron la operación de rutas de cabotaje, regionales e internacionales en una audiencia pública organizada por la reguladora del sector, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Las empresas que presentaron solicitudes de nuevas rutas fueron Andes Líneas Aéreas, American Jet, Alas del Sur, Avian Líneas Aéreas y FB Líneas Aéreas, conocida como FlyBondi.
En la audiencia, de carácter no vinculante, las autoridades nacionales dijeron que en Argentina no rige la política de «cielos abiertos», mientras que organizaciones gremiales manifestaron una posición crítica a la llegada al mercado local de aerolíneas de bajo costo e hicieron una férrea defensa de Aerolíneas Argentinas y Austral.
En la audiencia -que se inició pocos minutos después de las 9 y culminó pasadas las 17.30 en un teatro del barrio de La Boca- hablaron 70 expositores bajo la supervisión de la Junta Asesora del Transporte Aéreo presidida por el titular de la ANAC, Juan Pedro Irigoin; Paolo Marino, director Nacional de Seguridad Operacional; Alejandro Álvarez, director General Infraestructura y Servicios Aeroportuarios; y Horacio Ernesto Knobel, director de Normas Aeronáuticas y Acuerdos Internacionales de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo.
El encuentro fue abierto por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quién puntualizó que el Gobierno nacional «no impulsa ni impulsará una política de cielos abiertos» en la actividad aerocomercial.
Dietrich dijo que en la audiencia de hoy “no estamos hablando de cielos abiertos. No se trata de eso. Cielos abiertos es cuando una compañía extranjera opera rutas de cabotaje con aviones con matrícula extranjera, con pilotos extranjeros».
«Acá estamos hablando de compañías que habrán de atenerse a las reglamentaciones de nuestro país, que emplearán pilotos y personal de nuestro país”, agregó.
Por lo expuesto, el funcionario pidió “no confundir las cosas: nosotros acompañamos el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, y lo que propiciamos son nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo”.
Después fue el turno del titular de la cartera de Turismo, Gustavo Santos, quién hizo referencia al “estancamiento” del turismo interno en los últimos años y el “trabajo conjunto” que vienen realizando la Nación y las provincias para revertir esta situación.
Reveló que la meta es lograr en el corto plazo 22 millones de pasajeros internos y un ingreso de tres millones de turistas extranjeros, lo que representa un crecimiento del 50 por ciento respecto al movimiento actual.
“No se va donde no se puede llegar”, dijo Santos y remarcó la importancia del transporte aéreo en el turismo y lo que la actividad puede aportar al desarrollo regional y del país. “El turismo es un generador de empleo por antonomasia en un país que está demandando trabajo”, aseveró.
Luego de las presentaciones, expusieron ministros de Turismo provinciales, intendentes, funcionarios de organismos nacionales como el ORSNA y el EANA y del Ministerio de Defensa.
También hablaron representantes de las Cámaras de Transporte Automotor, de la UTA, el titular de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi, así como “particulares interesados”, que no son más que personas comunes que se inscribieron para expresar su opinión sobre lo que se trataba en la Audiencia.
Entre los exponentes estuvieron los gremios aeronaúticos, que manifestaron una posición crítica hacia la Audiencia y hacia el desembarco de las aerolíneas de bajo costo. A su turno fueron hablando ante la Junta Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA); Pablo Biro, titular de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas); Edgardo Llano, de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), y Genaro Trucco, secretario adjunto de la Unión de Pilotos de Líneas Aéreas (UALA).
Ahora la Junta Asesora evaluará todas las posturas y luego comunicará su decisión en cuanto al otorgamiento o no de las rutas solicitadas, que puede ser total o parcial, tras lo cual las empresas tendrán un plazo de seis meses para comenzar a ejecutar sus operaciones.
