Con el afán de reducir la informalidad laboral, que alcanza a unas 4.250.000 personas, el Gobierno avanza en un borrador en el que les ofrecerá a los empresarios subvencionar durante tres años los aportes de los nuevos empleados que se integren al mercado registrado. El deseo de la Casa Rosada es blanquear a unos 300.000 trabajadores por año hasta 2019, reducir el desbalance del sistema previsional y evitar que crezca el desempleo, del 10%.
«Apostamos a un shock de formalización y estamos dispuestos a hacer un esfuerzo fiscal para que haya más empleabilidad», dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca . El Gobierno afrontaría esta ayuda con aportes del Tesoro y exenciones tributarias aún bajo análisis.
En un principio, la medida se iba a focalizar en pymes y trabajadores jóvenes, pero se decidió universalizar la ayuda después de un intercambio de posturas con referentes de las principales cámaras empresarias y con la cúpula sindical de la CGT. El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta $ 12.000 y podría haber excepciones según la región donde esté radicada la empresa que recibirá el auxilio. Triaca aspira a que la industria de la construcción, la textil y el empleo rural sean las primeras actividades que adhieran al blanqueo laboral.
En paralelo al combate contra el empleo informal y a la intención de reducir las cargas patronales, el Gobierno evalúa avanzar en una revisión integral del sistema previsional. Así surgió del primer encuentro que tuvieron anteayer Triaca con el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Se trataría de un plan ambicioso, que incluiría elevar la edad jubilatoria, que es hoy de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres. Este cambio había sido sugerido por emisarios del FMI en diciembre pasado.
Por el momento, los equipos de Triaca y Dujovne avanzan sobre borradores, con el aval de Mauricio Macri. Evalúan un posible anuncio de las medidas en el transcurso del mes actual. Todavía no arriesgan precisiones sobre si será un proyecto de ley que será enviado al Congreso, una resolución ministerial o un decreto que modifique el aún vigente sobre los Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado. Hasta ahora, lo único concreto es que para febrero se convocará a la Mesa de la Producción y el Trabajo, que integran el Estado, empresarios y la CGT. Para entonces, el contenido del plan debería estar más definido. El Gobierno espera conseguir en la mesa tripartita el aval de los diferentes sectores.
En ese encuentro, además, se darían más detalles sobre un proyecto que activó Triaca para reforzar la inspección laboral. De la iniciativa participarán más activamente delegados gremiales. En Trabajo exhiben con vanidad una estadística del año pasado: se hicieron alrededor de 300.000 inspecciones, en las que se detectaron unos 90.000 empleos en negro, de los cuales la mitad fueron recientemente blanqueados.
Para continuar con la política de control, Triaca mantuvo en pie una idea surgida durante el kirchnerismo y que en su momento generó polémica: el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), una suerte de veraz, en el que aparecen los nombres y apellidos de aquellas personas y empresas que tengan a su cargo empleados no registrados. Para los infractores se prevén multas económicas.
Para su segundo año de gestión, el gobierno de Macri pretende acelerar algunos cambios con respecto al mundo del trabajo. De la mano de las eventuales rebajas de cargas patronales, se acentuarán las discusiones sobre salarios atados a productividad, el aggiornamento de convenios colectivos de trabajo y la necesidad de reducir la litigiosidad laboral, en lo que ya se dio un primer paso en el Congreso.
Ante los embates gremiales y de la oposición, Triaca rechazó que se trate de un intento de flexibilizar la legislación laboral. «No tiene nada que ver porque no se modificarán los pilares del derecho laboral ni se reformará la ley. La obsesión son los trabajadores informales y los jóvenes que no pueden acceder a un empleo», argumentó el ministro.
