Una corte de San Francisco rechazó la solicitud presentada por el Departamento de Justicia estadounidense para restablecer el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó hoy la petición del presidente Donald Trump para restaurar de inmediato el veto migratorio que impedía la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y pidió más argumentos antes de tomar una decisión definitiva, una resolución que fue criticada por el mandatario a través de Twitter.
La Corte de Apelaciones del Circuito Noveno en California denegó la moción de urgencia presentada por el gobierno que pretendía invalidar la suspensión temporal firmada el viernes por el juez federal James Robart y que frenó el veto inmigratorio de Trump, según informó el tribunal en su página web.
«Simplemente no puedo creer que un juez ponga a nuestro país en tal peligro. Si algo ocurre hay que culparlo a él y al sistema judicial. La gente está entrando. ¡Mal!», escribió Trump en Twitter sobre la decisión de la Corte.
He instruido a Seguridad Nacional que revise a la gente que viene a nuestro país muy cuidadosamente. ¡Los tribunales están haciendo el trabajo muy difícil! ”
Dos días atrás, Robart, juez de primera instancia de Seattle, la mayor ciudad del estado Washington, bloqueó con efecto inmediato en todo el país el polémico decreto que vetaba desde hacía una semana la entrada a Estados Unidos de inmigrantes procedentes de Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia, y de los refugiados en general.
El fallo de Robart fue en respuesta a un recurso presentado contra el decreto de Trump por dos gobiernos estatales: Washington y Minesota.
La suspensión del decreto rige hasta que Robart tome una decisión definitiva o hasta que una instancia judicial superior, como el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno de San Francisco que se expidió hoy, emita un fallo final, consignó la agencia de noticias DPA.
Hoy fue ese tribunal el que decidió que la orden del juez se mantenga, lo que obliga al gobierno a restaurar miles de visados y a abrir nuevamente las puertas a millones de inmigrantes y refugiados.
Ayer, el gobierno estadounidense inició el proceso de apelación, pero la corte de San Francisco le negó esa solicitud y pidió a los demandantes en el caso -los estados Washington y Minesota- que presentaran argumentos a favor de su posición a la medianoche local de hoy (madrugada argentina) y que el gobierno de Trump haga lo propio mañana por la tarde.
De acuerdo a la agencia EFE y según expertos legales, la corte de apelaciones podría tomar una decisión final esta semana y es probable que la batalla llegue pronto a la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, los refugiados de todo el mundo, que estaban vetados durante 120 días bajo la orden de Trump, y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, prohibidos durante 90 días de acuerdo con el decreto publicado el 27 de enero, podrán seguir llegando al país con las visas necesarias.
Estas medidas, que comenzaron a ser ejecutadas al día siguiente del decreto, provocaron de inmediato una ola de protestas masivas dentro y fuera del país y desataron el repudio de gobiernos extranjeros, entre ellos sus principales socios europeos y las naciones que se vieron afectadas por el decreto.
La batalla legal contra este decreto la iniciaron varios estados, pero fueron Washington y Minesota los que tuvieron más éxito al argumentar que las medidas eran anticonstitucionales porque provocaban «discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna».
Robart, en su fallo del viernes pasado, aseguró que las «circunstancias presentadas» ante él requerían una «intervención para cumplir con el papel constitucional» de la rama judicial.
Anoche, Trump y su gabinete apelaron la decisión del juez ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito y pidieron restaurar el veto, ya que. para ellos, la decisión judicial «cuestiona el juicio del presidente sobre seguridad nacional» y carece de análisis legal.
El mandatario también se ocupó de fustigar a Robart, un nominado por el ex presidente republicano George W. Bush en 2004 y aprobado por el Senado de manera unánime.
Según tuiteó, el magistrado se había «extralimitado en sus funciones» porque su decisión afectaba a todo el territorio nacional y cuestionaba la división de poderes entre el presidente y la Justicia.
Más tarde, antes de entrar a una gala de la Cruz Roja en Mar-a-Lago en Florida, tras interponer la apelación, prometió ante la prensa: «Ganaremos». «Por la seguridad de nuestro país, ganaremos», repitió.
Con un tono más formal, el procurador general, Noel Francisco, dijo que cuestionar la decisión presidencial «constituiría una intrusión impermisible en la autoridad plena de la rama política (Ejecutiva) sobre la política exterior, la seguridad nacional y la inmigración».
Otro que respaldó fuertemente el decreto inmigratorio fue el vicepresidente Mike Pence, quien en diálogo con la cadena de noticias ABC sostuvo que «era legal y proporcionado y (que) nuestro gobierno utilizará todas las medidas jurídicas a nuestra disposición para impugnar la decisión judicial».
Si el caso llegara a la Corte Suprema encontrará a esta máxima instancia judicial dividida entre cuatro jueces conservadores y otros cuatro más progresistas, dado que el Senado aún no aprobó el pliego del noveno magistrado propuesto por Trump -el también conservador Neil Gorsuch-.
Mientras tanto, el Departamento de Estado tuvo hoy que volver a fojas cero y levantó por completo la anulación de las visas para entre 60.000 y 100.000 extranjeros afectados por el decreto de Trump y el Departamento de Seguridad Nacional también ordenó la cancelación de «todas las acciones para implementarlo», según informó en un comunicado oficial..
