El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez criticó a los jueces supremos y al gobierno nacional por acatar la memoria, verdad y justicia. Además dijo que los derechos de La Pampa “son claros”, que la barrera Fitosantaria “es una aduana paralela” y que el decreto de Verna sobre Impuestos a las ganancias, “no es inconstitucional”.
El jurista fue recibido esta mañana por el vicegobernador Mariano Fernández en la Cámara de Diputados y brindó una conferencia de prensa en la que abordó varios temas. Por la tarde dará una charla en la Universidad nacional de La Pampa sobre el fallo del 2×1 a genocidas y el que se emitió contra la prensa en el caso Fontevecchia.
Sobre el fallo que le permitió al torturador Muiña apelar al 2×1 para salir de la cárcel luego de haber sido condenado por delitos de lesa humanidad, Gil Domínguez indicó que “la jueza (Elena) Higton de Nolasco en otros fallos, dijo todo lo contrario a lo que dijo en este. También es incomprensible la actitud de (Horacio) Rosatti que fue titular del Ministerio de Justicia de Néstor Kirchner y la de (Carlos) Rosenkrantz, discípulo de Carlos Nino, quien en más de una vez estableció que la idea del derecho positivo no era aplicable a los delitos de Lesa Humanidad porque se violaba el principio de justicia en los casos de derechos humanos”.
“Me parece que hay una nueva composición y se trató de dar un mensaje de fuerza. Lo intentaron con el fallo Fontevecchia y el caso Miña. Esa nueva mayoría intentó dar un mensaje de fortaleza a la sociedad y presentarse como el nuevo sector. Hay un cambio de época porque hay algunos sectores del gobierno que pusieron en cuestión los Derechos Humanos. No creo que el gobierno haya promovido el 2×1. Quizás algunos sectores dentro del gobierno que lo pueden haber fogoneado o lo vieron con buenos ojos”, añadió.
“Si la mayoría fuera consecuente tendría que aplicar la inconstitucionalidad de la ley que se dictó. Ahora como volverán, en el derecho siempre argumentalmente se puede volver, el tema es el costo que van a pagar. Los tribunales no tienen legitimidad democrática directa, la tienen a través de la fortaleza y la coherencia de los fallos. Cuando se generan estas cuestiones, hacer un retroceso como el que hicieron, lo que pasó es que perdieron legitimidad democrática”, declaró en conferencia de prensa.
“Creo que no son pasibles del delito de prevaricato ni de un juicio político”, enfatizó y se metió en la discusión que generaron funcionarios macristas como Lopérfido y Gómez Centurión: “La cifra de 30 mil desaparecidos es un número simbólico que hace a una cuestión cultural. Ahora poner en cuestión la situación de los desaparecidos, es preocupante. Porque se cuestiona la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un solo desparecido ya es un retroceso para los derechos humanos”, dijo.
El abogado agregó que “en materia de Derechos Humanos no ha habido un progreso, en vez de Cambiemos, empeoramos. En los juicios que faltan me parece que el mensaje de la sociedad fue contundente, que la reacción del Poder Judicial Federal también fue contundente cuando comenzaron a negarse a aplicar el 2×1 y me parece que se va a llegar a condenar a los culpables. Creo que no hay marcha atrás”, declaró.
Gil Domínguez recordó que “con Miguel Palazzani iniciamos un amparo colectivo en la CSJN, la habilitó y dio el trámite, lo que de alguna manera impulsó al gobernador Jorge a iniciar el juicio. Los derechos de La Pampa son claros, concretos y lo único que falta es que un tribunal reconozca esos derechos”.
Río Atuel. Gil Domínguez recordó que “con Miguel Palazzani iniciamos un amparo colectivo en la CSJN, la habilitó y dio el trámite, lo que de alguna manera impulsó al gobernador Jorge a iniciar el juicio. Los derechos de La Pampa son claros, concretos y lo único que falta es que un tribunal reconozca esos derechos”.
“Las audiencias en la Corte son muy importantes porque el tribunal se encarga de interrogar a las partes, de sacar la mayor cantidad de posicionamientos que tienen las pares. No se dicta una sentencia pero muchas veces se resuelve en términos políticos”, resaltó.
Venta de carne al sur del Río Colorado. “Considero que es inconstitucional porque se establece de facto una aduana interna que está prohibida en la Constitución Nacional”, enfatizó.
Verna y ganancias. “En la medida en que a través de un decreto se haya establecido que algunos conceptos no son remunerativos, está dentro de las facultades provinciales porque esto sucede en todas las administraciones provinciales en todo el país y no es cuestionable”, finalizó.
