La primera en referirse al «día después» del desalojo de la fábrica de Vicente López fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien cuestionó el foco «político» con el que se trató el tema.
El desalojo se produjo en las primeras horas de ayer cuando fuerzas de la policía bonaerense y de Gendarmería Nacional irrumpieron en la planta de la empresa en Florida, partido de Vicente López, tomada desde el 24 de junio último.
«La discusión política en torno a esto no tiene demasiado sentido: hay un tema en la Argentina que es que durante muchos años la ley se utilizó de acuerdo a las necesidades de la política. Y cuando hay un juez que te dicta qué hacer, tenés que hacerlo», definió la funcionaria.
En este sentido, lamentó que en los últimos años «en Argentina, la ley perdió centralidad» y planteó que «hubo miles de casos durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en que no cumplían órdenes, la policía no iba», cuando se decidían desalojos.
Por su parte, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aclaró que «los únicos heridos fueron policías» y sostuvo que «la toma de la empresa fue activado políticamente».
Dijo que los desalojos en general constituyen «la instancia que uno tiene que evitar», pero planteó que «hubo una orden judicial», y «mucho trabajo» previo a esa instancia.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, adjudicó la marcha de protesta que la CGT anunció para el 22 de agosto próximo, a «un conjunto de reclamos que tienen que ver con la situación económica», pero afirmó que le «llama la atención» la «solidaridad» cegetista con los trabajadores de PepsiCo, porque «el propio gremio de Alimentación ha conseguido una doble indemnización», lo que juzgó «un antecedente favorable para su conducción», que encabeza Rodolfo Daer.
