La Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos de General Pico se manifestaron en la Plaza San Martín. Reclamaron la implementación de la Ley de Emergencia Social y la sanción de una Ley de Emergencia Alimentaria.
La Corriente Clasista Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos de General Pico en La Pampa, realizaron una manifestación en la Plaza San Martín en reclamo de la declaración de la Emergencia Alimentaria y la implementación concreta de la Ley de Emergencia Social.
“Esta actividad se enmarca en el Plan de Lucha iniciado el 24 de julio, que fue votado por las tres organizaciones que integran el proyecto de la Ley de Emergencia Social, Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa”, dijo a Somos Noticias el referente de la CCC, Walter Brandimarte.
“La primera jornada se realizó en General Pico en el marco de las 1000 ollas populares y hoy en la capital pampeana, donde vamos juntar firmas y para elevar al Congreso de la Nación e informar a la población sobre qué trata la Ley de Emergencia”, señaló.
“Al mismo tiempo, queremos que el Gobierno Nacional implemente la Ley de Emergencia Alimentaria. Luego de unos relevamientos hechos en el país, hay un alto crecimiento del hambre y la pobreza”, dijo.
“Necesitamos que el Gobierno abra los ojos, piense más en la campaña que en el pueblo y ataque esta problemática que está afectando a compañeros y compañeras”, afirmó.
Brandimarte recordó que la Emergencia Social creó nuevos puestos de trabajo con proyectos productivos. “A su vez, esa ley no cubre las necesidades alimenticias. Lo que necesitamos ahora es una ley de Emergencia Alimentaria para que el Gobierno Nacional pueda disponer de fondos del Presupuesto para paliar esta situación”, dijo.
—¿Hay proyectos pampeanos de la Ley de Emergencia Social?
—En realidad estamos tratando de arrancarlos. Los proyectos productivos lo presentamos desde las organizaciones y permiten la creación de puestos de trabajo e insertan un mercado de productos en la sociedad.
Brandimarte: “a su vez el Gobierno debe financiar esos proyectos para llevarlos adelante. Con $4000 pesos por mes y sin ninguna inversión te pueden dar de baja el plan a los 90 días. Eso es un arma de doble filo, porque también se reclama que la creación de esos puestos de trabajo sean finaciados por el gobierno como corresponde, es decir la implementación total de la Ley de Emergencia”, explicó.
“Asimismo, una vez que tengas el trabajo y el proyecto productivo, cada compañero va a elegir qué comer”, dijo.
—¿Aparecieron respuestas luego de la reunión con el delegado del ministerio de Trabajo?
—Tuvimos una reunión en Agricultura Familiar con los delegados de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Agricultura Familiar, donde nos dieron algunas respuestas y nos presentaron proyectos que nos podía cubrir, para trabajar en conjunto dentro de la Ley de Emergencia. Lo único que hemos tenido hasta ahora, es la presencia de los Técnicos de Agricultura Familiar en los Proyectos Productivos y estamos esperando la solución de la entrega de mercadería para merenderos, la participación para la panificadora y la textilera, que eso tiene que ver con Desarrollo Social, pero hasta ahora no ha llegado nada y no hemos tenido ni un llamado para empezar a trabajar en conjunto con los proyectos.
En este sentido, Brandimarte dijo que la reunión con delegados de Nación fue productiva, pero sin resultados concretos. “Todavía no hemos tenido en la práctica una resolución inmediata”, dijo.
—¿La Emergencia Alimentaria se traduce en hambre en Santa Rosa y la Provincia?
—Sí. Nosotros tuvimos un crecimiento muy grande en los merenderos y comedores, en la asistencia a los chicos. Además, se ve en el porcentual. Estamos en el barrio Reconversión y Pueblos Originarios y¿ tenemos la asistencia de 100 o 120 chicos. Si lo llevamos al porcentual total de esa población, es alto, porque además, hay otros merenderos trabajando en la barriada, lo que quiere decir es que la gente intenta cubrir sus necesidades con las organizaciones o con iniciativas privadas.
—¿El plan de lucha termina el 7 de agosto?
—Sí. Se hará una gran marcha, de casi 100.000 desocupados que marcharon a Buenos Aires el año pasado y fue una bisagra en la política de Macri. Antes de esa marcha, no se quería hablar de pobreza y desocupación, pero los desocupados pusieron en agenda a toda la clase política, obligaron al gobierno de Macri a tratar de sancionar una ley, que fue impulsada por toda la oposición y la gran movilización del pueblo, los llevo a sancionar a fin de año esa ley (de Emergencia Económica).
—¿Habrá una versión local o viajan a Buenos Aires?
—Estamos viendo de ir a Buenos Aires. Si no, habrá una versión local en Santa Rosa.
Por su parte, Manu Lazarte, del Movimiento de Trabajadores Excluidos de General Pico, dijo que “estamos acá en la Plaza, en la continuidad del plan de lucha lanzado en julio por la CTEP.
