El procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, hizo referencia a los dichos del ministro Frigerio sobre Portezuelo del Viento, dejando en claro que resulta imposible que la obra sea licitada este año sin incumplir la ley.
En relación a los dichos del ministro Rogelio Frigerio sobre que el presidente Macri no laudará hasta que no esté terminado el estudio de impacto ambiental, Pérez Araujo sostuvo que “eso, precisamente, es lo que viene pidiendo La Pampa desde que se inició el tratamiento de la cuestión referida a Portezuelo del Viento en COIRCO”.
“De los dichos del ministro del Interior surge que, cuando al Estudio de impacto ambiental lo pide el gobernador Verna, es por una cuestión política. Pero si lo solicita el presidente Macri es en el cumplimiento de la Ley”, amplió el procurador, quien agregó que “no nos hemos reunido muchas veces como dice Frigerio. Fueron dos reuniones de Consejo de Gobierno, integrado por los gobernadores, y se hicieron el año pasado por imposición del Estatuto de COIRCO. Recordemos que deben hacerse dos reuniones por año, y desde el organismo pretendieron que el gobernador firme un acta trucha, referida a una reunión que jamás se realizó”.
En ese sentido, recordó que las reuniones además fueron convocadas por la urgencia que Mendoza y la Nación tenían para aprobar la obra de Portezuelo del Viento y llamar a licitación. “Pretendían hacerlo antes de 2017”, dijo.
En lo que va del año, el ministro no ha convocado a reunión de Consejo de Gobierno, pese a las reiteradas solicitudes del gobernador Verna.
En la primera de esas reuniones, el 9 de noviembre, se realizó una puesta en escena, para anunciar con bombos y platillos la aprobación de la obra.
Incluso llegó a proponerse que de aprobar La Pampa la concreción de la misma, Mendoza aceptaría la creación del Comité de Cuenca del Desaguadero, “pero bajo la condición de retirar la demanda que nuestra provincia iniciara por los usos del río Atuel, lo que significó una verdadera extorsión, que motivó nuestro retiro de esa reunión, que se quedó sin quorum, no obstante lo cual, el ministro Frigerio y los restantes gobernadores, prosiguieron con la reunión, y pretendieron dar por aprobada la obra”, recordó el funcionario pampeano.
En la segunda reunión, el 23 de diciembre, los gobernadores y el ministro se manifestaron en favor de la aprobación de la obra, con la disidencia fundada de la provincia de La Pampa, por cuestiones eminentemente técnicas.
“Fue por exigencia de Verna que se debe hacer el Estudio de Impacto Ambiental, y luego ser sometido a la Evaluación que la Ley General de Ambiente exige. Dicho estudio no se está realizando como manifestó el ministro. Por el contrario, recién acaban de aprobarse los términos de referencia para el llamado a licitación para realizarlo. Por este motivo, además de otras objeciones técnicas al procedimiento de llenado y las normas de Manejo, es imposible que la obra sea licitada este año sin incumplir la ley”, sostuvo.
Fue por exigencia de La Pampa que Mendoza debió ceder y aceptar que COIRCO sea la autoridad de aplicación de las normas de manejo de la presa, “aunque no lo aceptó para el procedimiento de llenado de la misma, lo que pone en peligro los caudales del río Colorado mientras se realiza ese procedimiento, recordemos que en el llenado del Nihuil, Mendoza dejó sin agua el cauce del Atuel por 25 años”.
A esas normas de manejo la Provincia de La Pampa se opuso “pues las mismas no prevén un caudal ecológico mínimo en el cauce”.
“El ministro en sus declaraciones no hace más que darle la razón a la postura pampeana, si el presidente de la Nación no va a laudar hasta tanto no esté culminado el Estudio de Impacto Ambiental, está haciendo lo que Carlos Verna viene exigiendo desde el inicio mismo de su gestión”, reiteró Pérez Araujo.
Continuando con la explicación de la postura de la Provincia, el procurador dijo “no se trata de una cuestión política. Todas las fuerzas de La Pampa se han manifestado por la oposición a la obra en las condiciones planteadas, e incluso algún candidato del frente que responde al Gobierno nacional tiene una marcada oposición a la concreción de la obra, con posiciones similares a las que hemos esgrimido en COIRCO”.
“La defensa de los recursos hídricos pampeanos es una cuestión de Estado, y venir a teñirla políticamente por parte del ministro del Interior, a 4 días de las PASO, es cuanto menos un menosprecio por una cuestión tan sensible para nosotros”, sentenció Pérez Araujo, quien además expresó “miente además el ministro cuando manifiesta que el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, el ingeniero Bereciartúa, se retiró de la audiencia porque la cuestión no estaba bajo su órbita. Eso no es así, además de ser el funcionario competente en la materia, Bereciartúa había sido designado como representante del Estado Nacional, y principal orador en su nombre, y debía plasmar en la Corte el accionar del Gobierno nacional a efectos de resolver el conflicto, y no dos meses después por medio del ministro del Interior, y ante la prensa”.
Días atrás se refirió a estas cuestiones el jefe de Gabinete de Ministros, confundiéndolas, y afirmando que el laudo sobre la aprobación de Portezuelo del Viento estaba en la Corte Suprema de Justicia.
Ahora el ministro del Interior aclara que el presidente no va a aceptar la recusación deducida, pero de sus propias afirmaciones surgen cada vez más evidentes los motivos que la ocasionaron, la perdida de imparcialidad e independencia, trasuntada una vez más en el accionar de un funcionario nacional.
“La licitación este año no puede hacerse porque el artículo 83 de la Ley de Presupuesto exige el acuerdo de las provincias condóminas de la cuenca para hacer obras hidroeléctricas, de manera previa al inicio del proceso de contratación”, culminó el procurador General de Rentas.
