El abogado Franco Catalani, que representa a la UNLPam, Movimiento Popular Pampearon por los Derechos Humanos y al Partido Comunista Argentino, dijo hoy que “seguramente vamos a hacer una impugnación en el transcurso en esta semana”
“No sé si va a incidir en el juicio, si te puedo decir que las víctimas se sienten muy violentadas por una situación como esta. Recién empiezan a declarar y es muy violento para el largo proceso de memoria, verdad y justicia que llevamos en el gobierno”, indicó.
“Coincido con Baudino en que Baraldini le está tomando el pelo a los pampeanos. Es un absurdo lo que él planteó porque el terrorismo de estado comenzó en 1975, había desapariciones masivas desde ese año y sus palabras, en las que pretende decir que hizo todo bajo la ley, fueron descartadas por la contundente declaración de Quartucci. En esos años no había ningún tipo de garantía del debido proceso judicial”.
El viernes pasado el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Luis Enrique Baraldini (79), el principal responsable de la Subzona 1.4 entre 1976 y fines de 1978, durante la última dictadura militar.
El órgano judicial determinó que el exrerpesor podrá dejar la Unidad Penal Federal N° 4 de la capital y alojarse con una pulsera electrónica que lo controle en la vivienda particular de su hija. La medida se hará efectiva cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación envíe el dispositivo electrónico de vigilancia.
Baraldini es uno de los 15 de 18 imputados que está siendo juzgado en el llamado “Subzona 1.4 II” por el TOF que determinó la medida procesal. Lo juzgan por asociación ilícita, genocidio, secuestros y torturas de 214 víctimas.
En su determinación los jueces impusieron como condición que Baraldini debe permanecer en la vivienda de su hija, Sandra, garante del arresto domiciliario, y utilizar una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento de la medida.
La resolución se tomó por mayoría con el voto favorable del presidente del tribunal, Marcos Aguerrido, y el juez José Mario Tripputi y la negativa de Pablo Díaz Lacava, que votó en disidencia.
A fines del año pasado el TOF y la Cámara de Bahía Blanca habían rechazado el arresto domiciliario, pero el pasado 28 de junio la Sala III de la Cámara de Casación Penal había firmado la resolución 607/17 haciendo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Baraldini y anuló esa decisión.
El fiscal general de esa cámara, Javier Augusto De Luca, interpuso un recurso extraordinario contra esa decisión, pero el 13 de setiembre los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques lo declararon inadmisible y le pidieron al TOF que “dicte un nuevo pronunciamiento con ajuste a las consideraciones efectuadas”.
Frente a ello Aguerrido y Tripputi interpretaron que no tenían posibilidad de hacer otra cosa pero Díaz Lacava votó en disidencia porque considera que todavía queda la posibilidad de elevar un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia.
“Demorar la respuesta a la espera de una eventual decisión en el marco del recurso impropio de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o la propia tramitación de esa instancia podría acarrear en el caso de Baraldini -sobre quien aún no se ha juzgado su responsabilidad penal- consecuencias irreparables o de imposible reparación ulterior”, argumentó Aguerrido.
Baraldini solicitó ese beneficio luego de haber transcurrido 2 años de la prisión preventiva sin sentencia. Además, jugó a su favor la edad: desde los 70 años cualquier detenido puede reclamar prisión domiciliaria.
El ex represor fue el único de los 15 imputados sentados en el banquillo y se mostró orgulloso de su accionar durante la dictadura militar. “Ningún detenido, absolutamente, hizo una denuncia ante un juez durante los años que estuve en funciones. La Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos, estoy orgulloso de ellos”, declaró.
En total hay 18 imputados pero solo 15 están siendo juzgados: asisten a todas las jornadas el ex mayor del Ejército y ex jefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los ex miembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14 Omar Aguilera (79), quien fue su jefe de Operaciones; Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los ex oficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), y el ex agente Orlando Osmar Pérez (68); los ex oficiales de la comisaría primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el ex oficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el ex oficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez (71).
Por razones de salud fueron apartados del proceso el jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); el ex coronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); y el ex oficial de la comisaría de la localidad de Jacinto Aráuz, Miguel Gauna (80).
