El Gobierno ya tiene listo el anteproyecto de reforma del Código Penal, que -entre muchos cambios trascedentes- endurece penas para la mayoría de delitos y limita el beneficio de la libertad condicional y el margen de interpretación de los jueces.
En un informe que aparece en exclusiva en el día de hoy, Clarín dice haber tenido acceso a los al borrador que la comisión, presidida por el juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky, le giró al ministro de Justicia, Germán Garavano, al cabo de casi cincuenta reuniones plenarias en las que, además de actualizar el vigente, tuvo que reunir en un solo texto los más de 900 parches que sufrió en casi un siglo -data de 1921- con las leyes modificatorias.
Entre tantos cambios, la comisión se enfocó en evitar uno de los reclamos de la sociedad en torno a la Justicia: la discrecionalidad. «No puede ser que ante un homicidio simple (tiene una pena de 8 a 25 años de prisión) haya un juez que crea que son 9 años de cárcel y otro que diga que son 13», graficaban en Justicia. Ahora, el margen quedará acotado, a partir de pautas precisas que se incorporan para fijar las escalas penales. Por caso, en el inciso 4 del artículo 40 del texto, se precisan las «circunstancias especialmente agravantes» para que se tengan «en consideración el tercio superior de la escala penal». Entre otros, figuran la vulnerabilidad de la víctima, motivaciones de odio racial, religioso o político, discriminación y casos de violencia de género, o la utilización de medios como armas de fuego.
También se reduce el beneficio de la libertad condicional. Además de los reincidentes, no podrán salir antes de cumplir la pena, los condenados por homicidio doloso, secuestro extorsivo, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo y por agresión sexual.
Para el caso de los agresores sexuales, además, se incorpora un sistema novedoso, ya habitual en otros países: la aplicación de un “seguimiento socio judicial” una vez cumplida la condena, consistente en tratamientos de rehabilitación y medidas de vigilancia electrónica, que puede prolongarse hasta un máximo de 10 años.
