El Gobierno de la Provincia de La Pampa expresó su más enérgico rechazo al laudo arbitral del presidente Macri para resolver la controversia que se planteó en el ámbito del Consejo de Gobierno del C.O.I.R.C.O., respecto a la obra “Portezuelo del Viento”. Hoy, el presidente de la Nación informó su decisión de favorecer a la posición mendocina, adelantando la notificación por mail al Gobierno pampeano esta mañana.
Esto representa una grave violación de los más elementales principios republicanos, ya que se convierte en una acción del Poder Ejecutivo Nacional que compromete la imparcialidad e independencia del presidente Macri.
Resulta jurídicamente imposible la culminación del proceso abierto bajo la órbita de su competencia. Oportunamente se lo recusó y se recurrirá a la vía judicial en estas instancias por haberse agotado la vía administrativa.
Lamentamos que el presidente no haya decidido apartarse del juzgamiento y resolución del diferendo generado por la aprobación de Portezuelo del Viento como se planteó oportunamente, optando directamente por violentar los principios más elementales del debido proceso en perjuicio de la provincia de La Pampa y de cada uno de los pampeanos.
Ha sobrepuesto por encima de las garantías constitucionales de las que todos los habitantes deben gozar, los intereses de una sociedad política concertada entre la Nación y Mendoza.
La actitud asumida, parcial y direccionada hacia los intereses de la provincia de Mendoza, en desmedro y perjuicio de nuestra provincia, es insostenible sin vulnerar la Constitución Nacional, y soslaya y pervierte el orden institucional de un organismo como COIRCO, justamente, quien se arroga la facultad de emitir el laudo arbitral, es decir, de dirimir el diferendo planteado en el seno de dicho organismo de cuenca, adelantó opiniones, tanto suyas como de sus funcionarios; dio instrucciones en sentido aprobatorio de la obra e incluso, en su reciente visita a Mendoza, hizo pública su posición.
Sabemos que, encubiertamente, el propósito de Mendoza y ahora del Estado Nacional, es manejar el agua a su antojo, circunstancia que no permitirá el desarrollo productivo de la provincia de La Pampa ni de ninguna de las integrantes de la cuenca del Río Colorado, a excepción, claro está, de Mendoza. Poniendo en jaque, a su vez, el natural uso del agua como derecho humano fundamental.
La resolución emitida no es más que una burla a la historia y a la inteligencia de los pampeanos, esperable y lógica cuando proviene de la provincia de Mendoza, ya que la historia lo prueba; pero sorpresiva y artera cuando llega de quienes conducen los destinos de una nación democrática y federal en la que, todos y cada uno de sus Estados miembro, deberían partir en pie de igualdad.
El presidente Macri se ha convertido en juez del conflicto. Juez y parte, tal como la provincia de La Pampa viene sosteniendo y denunciando, siempre a través de un accionar conducido por los carriles de la legalidad y la institucionalidad.
Entendemos esta lucha como de todos y cada uno de los pampeanos. Así la hemos asumido, como una cuestión de Estado, con la participación de la sociedad en su conjunto y de las instituciones intermedias que entienden en la materia.
Invitamos, además, a todas las fuerzas vivas a sumarse, a la Cámara de Diputados de nuestra provincia, a los legisladores nacionales de todas las representaciones, a alzarse en defensa de nuestro río y en salvaguarda de los intereses más sensibles de todos los pampeanos.
Desde el Poder Ejecutivo vamos a acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de nuestros derechos sobre el río Colorado, y con el respaldo y la fuerza de nuestras instituciones más representativas.
