Después de que el jefe de Gabinete, Marco Peña, respaldara la iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para cobrarles una tasa por la atención médica en la provincia a los extranjeros no residentes, un grupo de diputados de Cambiemos fue más allá todavía y presentó un proyecto de ley que abre las puertas a que el Estado pueda cobrar tanto por la salud como por la educación a los inmigrantes que no sean residentes permanentes.
El proyecto, según explicaron sus impulsores, exige “reciprocidad en la gratuidad de la educación y salud”. La intención es que la Argentina pueda o bien cobrarles a sus países de origen o, en última instancia, a los propios extranjeros en los casos en los que esos países no ofrezcan atención médica o educación gratuita a los argentinos.
La iniciativa es del diputado Luis Petri, quien la presentó junto a los diputados de Cambiemos Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor, entre otros.
Reciprocidad
El proyecto, resumieron sus impulsores, “establece un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud y educación universitaria”. Lo que se busca, apuntaron en un comunicado, es “regular el acceso gratuito a los servicios de educación y salud de los inmigrantes sobre la base de criterios de reciprocidad”.
“El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios”, explicó Petri.
La situación de los extranjeros que tengan calidad de residentes permanentes se mantiene inalterable, es decir que seguirán pudiendo acceder a la educación universitaria y salud gratuita. Pero para aquellos que ingresan al país “con carácter temporario, transitorio o precario, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita” solo si existe reciprocidad, es decir, si los argentinos gozan de los mismos derechos en los países de origen de esos inmigrantes.
La iniciativa prevé que si no hay reciprocidad “ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina (…), el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados”.
Y también prevé “como última instancia –sólo en el supuesto en que no exista reciprocidad de trato, ni exista convenio de compensación entre la Argentina y el Estado del cual proviene el residente transitorio, temporal o precario–“ que el Poder Ejecutivo pueda “establecer ‘tasas retributivas’ o ‘aranceles’ para afrontar el costo de los servicios de salud y educación”.
