Un grupo de once personas realizó un quite de colaboración en el área de Adicciones y Salud Mental. Reclaman el pase a planta permanente bajo la ley 1279. Denunciaron presiones del gobierno provincial para no realizar la protesta.
Este lunes, trabajadores y trabajadoras de la subsecretaría de Adicciones y Salud Mental realizaron un quite de colaboración, en reclamo por el pase a planta permanente y el encuadre bajo la ley de salud 1279.
Federico Ignaszewski y María José Ring explicaron que la medida consistió en no asistir a personas con consumos problemáticos de drogas y responsabilizaron al gobierno provincial por cortar el diálogo y no atender los reclamos de las y los trabajadores.
Además, cuestionaron las presiones y hostigamientos recibidos por funcionarios de salud y el de subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, que presionó para que la protesta no se realizara.
“Hoy iniciamos en el área de Adicciones y Salud Mental un quite de colaboración. Es una de las medidas que nos vimos obligados a implementar, debido a la falta de voluntad del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud, para llegar a un acuerdo con nosotros y nosotras, en relación al pase a planta de la ley 1279”, dijo a Somos Noticias, la delegada de Adicciones, María José Ring. La medida de fuerza consiste en un quite de colaboración.
—¿Fueron atendidas por el ministro de Salud?
—Sí, nos atendieron hace dos semanas y la propuesta que nos hicieron fue una burla, muy insatisfactorio para nuestro gusto. Él mismo reconoció que la propuesta era insatisfactoria y acordamos otra reunión, pero a último momento, desde el ministerio suspendieron la reunión. Es evidente que no hay intenciones de negociación.
Por otra parte, el delegado de ATE, Federico Ignaszewski, explicó que “los compañeros y compañeras están bajo la ley 2871, que no prevé ningún tipo de encuadre en relación a la salud, no cobran adicionales ni nada por el estilo, y lo que piden es ese reconocimiento de trabajadores de salud”, afirmó.
“En el caso de María José, hace 11 años que trabaja en la subsecretaría de Adicciones, de manera precarizada y es una situación injusta. Lo que más molesta es que no hay voluntad del ministerio de Salud para resolver la cuestión de fondo”, criticó.
María José Ring recordó que la situación laboral se inició hace años, como trabajadora monotributista. “Luego negociamos el ingreso hace dos años a la ley 2871, que implica un piso para poder luchar por nuestro derechos”, dijo.
“Esto nos brindó estabilidad laboral, pero el salario es insuficiente y cobramos el equivalente a un trabajador de servicios generales de la ley 643”, añadió.
Ignaszewski agregó: “lo que estamos planteando es un pase progresivo de 11 personas a planta. No queremos que sea ya. Queremos sentarnos a charlar, de manera seria. En la última reunión, fue la posibilidad de algunos cargos en la ley 643, cuando estamos encuadrados en la ley 1279 de salud”, explicó.
“Por eso, desde el vamos, lo que planteamos al gobierno es que hay que resolver la cuestión de fondo, encuadrarlos como corresponde, como trabajadores y trabajadoras de salud. Yo soy trabajador de la ley 1279 y la verdad es que uno se siente mal, al ver a los compañeros y compañeras hacer un trabajo comprometido y consciente y cobran diferente, casi la mitad menos de lo que cobro yo, por estar encuadrado de otra manera”, añadió.
—¿Pero hacen las mismas tareas?
—Hacen las mismas tareas que un profesional y atienden pacientes. Ganan $11.000 y le preguntaría a cualquier funcionario que trabaja en el Estado, qué harían con esos $11.000.
María José Ring también denunció el hostigamiento de funcionarios provinciales por los planteos que vienen llevando adelante. “Nos sentimos hostigados por el Ejecutivo, por parte de Pedehontaá, que sistemáticamente intenta invalidar nuestras medidas de lucha y ha intentado boicotearlas”, denunció.
“Por supuesto que nosotros pudimos argumentar cada una de estas medidas y las estamos llevando a cabo, pero claramente hay un intento de Pedehontáa de coartar la libertad de poder reclamar”, indicó
Por otra parte recordó que “tiempo atrás se hizo una capacitación en la UNLPam, del ministerio de Salud y quisimos ejercer el derecho a reclamar y nos persiguieron y fuimos observados por un grupo de personas cercanas al ministro de Salud y hasta hubo intentos de preguntarle a compañeras qué llevaban en sus carteras, que eran carteles para visibilizar la protesta”.
La trabajadora de Adicciones también denunció la baja en viáticos a compañeras que hacían capacitaciones en Buenos Aires, decidida por el subsecretario de Adicciones, Manuel Pizarro.
“De manera arbitraria se dieron de baja y de hecho, fue afirmado por el subsecretario, que es una forma de castigo y para disciplinarnos. Evidentemente, no está cumpliendo su función de árbitro y de conciliador, sino que representa a la patronal y lo deja bien en claro, a pesar, que, en algún momento él sugirió este tipo de medidas, pero ahora intenta invalidarla”, criticó.
