El fiscal Gerardo Pollicita pidió este lunes ante el juez Julián Ercolini la elevación a juicio oral y público de Cristóbal López,Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el delito de defraudación agravada. Asimismo, requirió que se afecte al embargo de $ 17.000 millones los bienes de los acusados, el secuestro de los mismos, el depósito y administración judicial de los bienes muebles, y una tasación de la totalidad de todo. La Justicia quiere ponerle un número a la fortuna de los acusados.
Los dueños del Grupo Indalo están presos en el marco de esta causa, y según pudo saber Clarín, el juez enviará a López, De Sousa y Echegaray a juicio oral y público en unos veinte días.
Para el fiscal Pollicita la causa no es ajena a la investigación por una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, ni del expediente que sigue el direccionamiento de la obra pública a empresarios K como Lázaro Báez. Pollicita cree que hay una “matriz de corrupción” que dio “favores” a un “reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente» a los Kirchner. Entre ellos, para el fiscal, está López.
Con este telón de fondo, Pollicita en un dictamen de 114 páginas al que accedió Clarín, sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.
