En una misma sala, todos reunidos, sentados uno al lado del otro, seis de los empresarios detenidos en la causa por la ruta de las coimas vinculadas al extinto ministerio de Planificación Federal y empresas de la construcción y del sector energético, escucharon la imputación por asociación ilícita que cae sobre ellos. Ninguno de ellos quiso declarar y sus respectivas defensas ponen en duda tanto la radicación de la causa en el juzgado de Claudio Bonadio, como la prisión preventiva dictada.
Desde las 10 en el cuarto piso de los Tribunales de Comodoro Py, el juez Bonadio le tomó declaración indagatoria a un grupo de empresarios entre los que se encontraba Carlos Wagner (Esuco), Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra (Electroingeniería), Armando Loson (Albanesi SA), Carlos Mundin (BTU SA) y Javier Sánchez Caballero (IECSA). Algunos abogados calificaron de «inusual» la metodología aplica: se les leyó de forma conjunta la acusación contra todos ellos.
Al imputarlos, el fiscal Stornelli consideró que todos son partícipes de una asociación ilícita que se dedicó al pago y cobro de sobornos. Según el número que se desprende de los ocho cuadernos que llevaba Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta -mano derecha de Julio De Vido- y que dieron origen a la causa, la cifra inicial es de 53 millones de dólares, pero después al contabilizar otros movimientos de fondos, la justicia consideró que la ruta de fondos ilícitos podría superar los 160 millones de dólares.
