El juez Claudio Bonadio procesó este martes al empresario y dueño de Techint, Paolo Rocca, como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.
Según el magistrado, quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a ex funcionarios para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.
En la misma investigación, conocida como la de los cuadernos de las coimas, Bonadio le dictó la falta de mérito al empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex Iecsa, compañía que perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
El domicilio de Techint figuraba como uno de los puntos de encuentro para el pago de sobornos que registró el entonces chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.
La citación a indagatoria de Rocca se originó después de que se incorporara nueva documentación al expediente, en el que la empresa se encuentra referenciada en las anotaciones Centeno; en la declaración como «arrepentido» del ex directivo de la compañía Héctor Zabaleta; y en la indagatoria de Luis Betnaza, actual integrante de Techint, quien admitió pagos por al menos US$200.000 a ex funcionarios kirchneristas.
El CEO de la compañía dijo en su indagatoria que «no tuvo conocimiento en ningún momento» del pago de sobornos realizados a ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido durante doce años.
Según la explicación del empresario, los pagos ilegales se hicieron urgidos por la expropiación de la empresa Sidor y la prohibición de salir de Venezuela a los argentinos que allí trabajaban, ordenada por el gobierno chavista.
