Graciela Di Dino reclama la devolución de la vivienda de su madre, quien falleció hace 2 años. La casa se la adjudicaron en 1987 pero ahora se las quitaron para otorgársela a otra que estaba en espera.
Hace 2 semanas una casa social del barrio Congreso fue quitada a los herederos de la propietaria y fue asignada a otra familia. Habían iniciado la sucesión pero de pronto les quitaron la vivienda.
Contaron que a su madre, Zulema Guillermina Feraude, le otorgaron la casa en 1987 y a poco de habitarla, el IPAV le envió la notificación para que empiece a pagar las cuotas mensuales. Durante la vida de la mujer nunca hubo un reclamo. Al fallecer, autoridades del organismo aseguran que estaba en comodato, pero ese dato contrasta con las boletas de pago y con los certificados de deuda emitidos por el propio estado.
Zulema, a propietaria, falleció luego de penar con un cáncer por un tiempo prolongado, En ese tiempo vivió con Graciela, una de sus hijas, pero su casa del Barrio Congreso nunca fue abandonada. Mientras peleaba por curarse, para cuidarla la habitaban algunos de sus otros hijos.
En este 2019 los hechos se precipitaron y la casa fue quitada y otorgada a la familia de Mario Canoba, que estaba en espera en el listado del IPAV.
La familia Di Dino cuenta con los papeles de adjudicación, las boletas de pagos mensuales y hasta la página del diario en el que salió adjudicada, lo que desmiente que estuviera en comodato.
Luego de su fallecimiento, iniciaron en 2018 los trámites sucesorios y el IPAV allí no habría manifestado su oposición. Sin embargo, en julio de 2019, fue adjudicada a otra familia necesitada de un techo.
“Teníamos un abogado que nos decía que la casa era nuestra, que teníamos todas las de ganar, pero a último momento nos dejó porque dijo que no podía hacer nada más”, señalaron.
“Es que era un conocido de la familia pero como trabaja en el gobierno, de pronto dejó de asesorarnos. Hacía firmar a otro pero se ve que cuando esto avanzó se tuvo que retirar”, añadieron. La familia hace mención a las gestiones iniciadas y luego abandonadas por Pablo Boleas, funcionario del Registro Civil de Santa Rosa.
Ante la decisión del organismo estatal, la familia promete judicializar para reclamar la casa que ocupó Zulema Feraude hasta que se enfermó.
