Los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83), acusados por abusos sexuales y corrupción de menores en el Instituto Próvolo de Mendoza, fueron condenados a 45 y 42 años de prisión respectivamente por los jueces del Tribunal Penal Colegiado 2, y el ex empleado Armando Gómez (49) recibió una pena de 18 años.
El histórico veredicto fue dictado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli al cumplirse tres años desde que salieron a la luz las primeras denuncias y se destaparon los hechos que tuvieron repercusión mundial.
La sentencia fue celebrada por miembros de la comunidad, las víctimas y sus familiares, que aguardaban fallos condenatorios que apuntan a convertirse en «un ejemplo y referencia en el mundo».
El fiscal Alejandro Iturbide destacó que están conformes con la sentencia, y agregó que «lo que siente no es alegría porque como se sabe una sentencia penal fija los hechos y dice que estos hechos ocurrieron, y realmente son horribles». «Es muy feo que esto haya pasado en Mendoza y desde ese punto de vista no estamos contentos», agregó.
Durante los alegatos, la Fiscalía había solicitado la pena de 45 años para los sacerdotes, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima, de 50 años, y la defensora oficial pidió la «nulidad» de todas las acusaciones y, para el caso de que no se hiciera lugar a dicha nulidad, la absolución de los acusados.
Los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana habían imputado a los tres condenados por 25 hechos en total, y en el caso de los sacerdotes las acusaciones estuvieron agravadas por el carácter de ministro de culto y por ser los encargados de la guarda de los menores de 18 años.
El debate, que comenzó el 5 de agosto y demandó 49 jornadas, se realizó a puertas cerradas por ser de instancia privada ya que se trata de delitos de abuso sexual y contó con la participación de intérpretes de Lenguas de Señas.
Los ex alumnos declararon a través de cámaras Gessell -algunas grabadas y otras bajo la modalidad en vivo y en directo- con el acompañamiento del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (Edeaas).Las declaraciones brindadas por los diez denunciantes abarcaron desde insinuaciones, obligación de ver material pornográfico, tocamientos, violaciones y ataques grupales, además de encubrimientos de los vejámenes y todo tipo de maltratos sufridos durante años.
En noviembre de 2016 salieron a la luz los casos de abusos en el lnstituto Antonio Próvolo, situado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, lo que llevó a la clausura del establecimiento. El histórico veredicto fue seguido con atención también por los denunciantes de la sede del Próvolo en La Plata y en Verona, Italia -donde nació la institución- y hubo denuncias por hechos similares.
