El presidente del STJ reconoció que no es lo óptimo que condenados cumplan sus condenas en comisarías y abogó para que se cumpla el convenio que libera cupos para La Pampa en el Servicio Penitenciario Federal.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi, dialogó Somos Noticias en el acto de entrega de reconocimientos y menciones a empleados, empleadas, funcionarios judiciales y estudiantes de abogacía.
El magistrado abordó diversos temas como la situación de superpoblación en General Pico, las denuncias por violencia sexual y el uso de las prisiones preventivas a nivel nacional, entre otros aspectos.
Consultado sobre el caso de violencia sexual denunciado en la justicia de General Pico, Losi recordó que el hecho fue detectado por el Superior Tribunal y el gremio. “Entonces se protegió inmediatamente a las posibles víctimas y se le dio intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que determinará si existe o no responsabilidad de algún empleado o funcionario de la oficina referida”.
“Mientras tanto, continúa el abordaje de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, a fin de solucionar la cuestión de base, es decir que los hechos no se repitan y se está previendo protocolos de actuación para casos similares”, indicó. “Por ahora, no se sabe si hay responsabilidad o no de los agentes involucrados”, agregó.
“Por ahora se continúa el abordaje a tres mujeres que estaban en el lugar. Una no requirió asistencia y se siente bien, la primera que hubo en el momento se la trasladó a otro organismo y el último caso, primero quiso continuar donde trabajaba, luego pidió traslado y se encuentra en otro organismo, mientras se determinan las responsabilidades eventuales de las personas involucradas, por intermedio de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
—¿La justicia pampeana cuenta con un protocolo para abordar este tipo de casos?
—Nosotros tenemos una Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, que está preparada para realizar estos abordajes. Incluso el Superior Tribunal acordó en alguna paritaria anterior, una licencia especial por violencia de género. Están las herramientas y siempre hay posibilidades de incorporar nuevas herramientas, eso es indudable.
—Hubo una resolución judicial sobre los detenidos en General Pico, ¿cuál es la situación de las cárceles provinciales?
—Sin pronunciarme sobre la resolución, que no sé si será recurrida, el juez hace una aseveración interesante y que es compartida. La situación carcelaria es deficiente en todo el país, donde los condenados muchas veces cumplen condenas en las comisarías. No es lo óptimo. Esperemos que se reintente cumplir con el convenio y que el Servicio Penitenciario libere los cupos que La Pampa tiene asignados, por convenio, por construir el pabellón correspondiente y se empiece a solucionar, de modo tal que los condenados estén en servicios penitenciarios y los encausados, los que no tienen condena y están en proceso, estén en las comisarías o por lo menos que estén los de condenas más leves.
El juez tuvo una salida razonable, impidiendo que se siga incrementando en esa comisaría la superpoblación y ordenando que se hagan refacciones. Sí tomó en claro que entrevistó a los 80 detenidos y ninguno le refirió un trato inhumano o degradante, sino que había inconvenientes a la hora de tener lugares donde dormir y alojarse.
—¿Qué opinión tiene de este cambio en las prisiones preventivas, donde en el Servicio Penitenciario Federal el 60% de los presos no tienen condena?
—Acá no es ese número. El tema de las prisiones preventivas ha traído su polémica. Hay que ver caso por caso y si se incrementan las prisiones preventivas o la cantidad de causas. A veces no es que se incrementa, sino que el porcentaje entre relación de causa y prisión preventiva, sigue siendo el mismo. Sería muy aventurado decir sin estadísticas que se incrementaron las prisiones preventivas.
Sí, claramente, hay estudios de la Defensa Pública, se intensificó la tasa de prisionización, es decir de personas que cumplen condenas de cumplimiento efectivo y esto tiene que ver con una mayor eficacia del Ministerio Público a la hora de persecución de delitos, los procesos son más cortos, más efectivos y con mayor cantidad de juicios abreviados.
—Por ejemplo en nuevos juicios por violencia doméstica se resuelven más rápido…
—Sí, se resuelven más rápido y antes la tasa de ingreso y egreso. Ahora, con el nuevo sistema, son más los condenados o con prisión preventiva, que los que egresan luego del tratamiento penitenciario.
—¿Qué opinión tiene como juez del tratamiento de los detenidos, salen resocializados?
—Habría que ver la tasa de reincidencia. Algunos, por fortuna, no reinciden y otros sí. Esa es una discusión filosófica en cuanto al fin de la pena. Algunos dicen que el fin resocializador de la pena es un tanto utópico y queda como un sistema de seguridad de la ciudadanía ante el que ha cometido un delito.
Yo pienso que habría que saberlo en virtud de la tasa de reincidencia. Se nota que en algunas materias, hay reincidencias y en otras no. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con malas condiciones de detención, no ayuda, pero el fallo del juez de Pico fue claro que no hay condiciones de hacinamiento, ni de trato inhumano, sí de superpoblación, que es otra cosa, un mayor número de lo que debería haber.
—¿El cambio de gobierno provincial le significa algo al STJ?
—No. Con Ziliotto no hubo ninguna reunión, no porque no lo queramos. Cuando sea gobernador, nos reuniremos, como nos hemos reunido protocolarmente, una vez al año, con el gobierno. Sí es constante , a diario o lo que haga falta, el contacto con el Ministro de Gobierno, conforme a la Ley Orgánica o de ministerios, el nexo con el ministerio de gobierno, que además, va a continuar, aparentemente.
Son poderes independientes, lo cual no quiere decir que no se deba trabajar en conjunto. Los tres poderes del Estado se necesitan mutuamente, en la sanción, en el cumplimiento y la ejecución de las leyes.
—La Cámara de Diputados va a debatir el proyecto de la Ley de Policía, está en discusión si la policía puede detener para averiguar antecedentes, ¿cuál debería ser el equilibrio en este tema?
—Los Códigos Procesales tienen las normas en este caso y es claro. La Policía tiene el sistema de aprehensión, cuando hay sospecha de la comisión de un delito y luego de la aprehensión, la comunicación inmediata a un juez.
Por ejemplo, en el sistema contravencional, con sanciones ante infracciones más leves, es más restrictiva la facultad de aprehensión. Cuando más leve es la falta, menores son las facultades de detención. El Superior Tribunal siempre es consultado antes del dictado de una ley que afecte alguna garantía constitucional, me gustaría que la opinión sea del cuerpo en este sentido y no una opinión particular.