Reunidas en plenario, las comisiones de Legislación General, Asuntos Agrarios, Ecología y Legislación Social, empezaron a tratar hoy –con la presencia de representantes del Ejecutivo Provincial –, la Ley de Gestión de Plaguicidas.
El encuentro se produjo en la Sala del Pensamiento de la Cámara de Diputados, y estuvieron presentes representando al Ejecutivo el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini; el de Salud Gustavo Vera; el de Medio Ambiente Fabián Titarelli; y el subsecretario de Gobierno, Araldo Eleno. También la fiscal de Estado, Romina Schmidt; la directora de Epidemiología Ana Bertone; el asesor letrado de Ambiente, Gonzalo Turnes; y el ingeniero agrónomo Pedro Benéitez.
En la cabecera también se ubicaron los diputados que presiden las cuatro comisiones que tomaron parte del plenario, Ariel Rojas, Mauricio Agón, Oscar Zanoli y Martín Balsa.
“Proyecto integral”.
Benini expresó –en una suerte de síntesis de la reunión – que se trata de “un proyecto integral que toma a los plaguicidas no sólo desde el agro, sino también desde lo urbano y los residuos, que son los bidones”.
El funcionario agregó que la idea es “buscar un proyecto que nos ampare a todos”, y agregó que “hay que escuchar a todos los sectores para sacar la mejor ley posible”.
Destacó que el cuerpo de la ley son tres partes, que abarcan Agricultura, Salud y Ambiente: “La salud y el ambiente no tienen un límite entre lo rural y lo urbano”, aclaró.
Salud de aplicadores.
Hubo algún reparo de diputados que plantearon que el texto le otorga importancia a la trazabilidad de los bidones, pero no se extiende respecto a la educación para los aplicadores, los productores y la sociedad en general.
Fue el momento en que la Jefa de Epidemiología, Ana Bertone, aportó que el tema de la salud de los aplicadores está contemplada en la Ley de Riesgos de Trabajo.
Porcentajes a municipios.
Por su parte Julio González –jefe del bloque Frejupa– se refirió a las multas a aplicarse a los infractores, y pidió un mayor reconocimiento en los porcentajes que le corresponderían a los municipios considerando que tendrán la responsabilidad de controlar y necesitarán personal que se encargue. Fue el ex intendente de Ingeniero Luiggi, y actual diputado Oscar Zanoli, quien manifestó su adhesión, y sugirió que “en vez de ser 80% para la provincia y 20% para los municipios pudiera ser 50 y 50”.
El subsecretario Benini contestó que se considerará y será evaluado.
Rigor científico.
Al momento de usar de la palabra Francisco Torroba –jefe de la bancada de la UCR– negó que hubiera un vacío legal, y además puso en duda el rigor científico al fijarse “500 metros de distancia con el ejido urbano para las aplicaciones”.
Los funcionarios replicaron que hay fundamentos “científicos, legales y sociales”, y mencionaron que existe jurisprudencia, como el caso de Rafaela (Santa Fe) donde el radio prohibido alcanza los 800 metros.
Esperaban exposición.
Otros cuestionamientos surgieron de la voz de los diputados Marcos Cuelle (UCR) y Sandra Fonseca (Comunidad Organizada). El primero dijo había esperado una exposición punto por punto de la ley, con explicaciones “técnicas y científicas”. A esto Alexis Benini respondió que les debía el “power point”, pero que los funcionarios estaban dispuestos a escuchar y evacuar todas las consultas.
Sandra Fonseca coincidió con Cuelle, y también dijo que aguardaba una exposición técnica con fundamentos científicos, e hizo especial mención a su preocupación “por la falta de la educación en el tratado de la ley”.
Desde la mesa se le contestó que “el proyecto debe mejorarse y tomar en cuenta la educación. Y cumplir con las leyes anteriormente aplicadas”.
Espartaco Marín (Frejupa) reparó en que se hacían cuestionamientos al rigor científico, pero aseguró que existen medidas y jurisprudencias” para avalar el proyecto. Aseguró también que está previsto escuchar a todos los sectores e instituciones para mejorar el proyecto.
Trazabilidad de los bidones.
Un tema interesante se puso sobre la mesa cuando el subsecretario Benini habló de la trazabilidad de los bidones, y pidió que tuvieran número de serie para poder identificar a quienes los usan y después los “revolean y los tiran en cualquier lado, en una acción casi delictiva”, opinó.
Agregó que con el número de serie de cada bidón se podría saber quien lo vendió y a quien, porque al no poder determinarse eso nadie aparece como responsable.
Ante una pregunta sobre si Campo Limpio tiene la obligación de juntar los bidones, se expresó que deben ser recolectados y lavados. “Se está gestando un plan de contingencia para recolectarlos en su totalidad”, aseguró Benini.
