Mucho se insiste en que la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 marca un cambio en muchas cuestiones, de alcance aún impreciso. Las modificaciones pueden ser buenas o malas. ¿Cómo lograr que las compras del Estado sean eficientes, veloces y transparentes? Es muy importante lograrlo cuando el Presidente de la Nación afirma que habrá más Estado en la sociedad, y que la obra pública resultará un pilar. Pero para cumplir con la ambición del mandatario es necesario volver a enfocar todo.
Varios fabricantes de alimentos de 1ra. línea, marcas líderes en el mercado, fueron consultados por Urgente24 y manifestaron preferir no venderle al Estado. ¿Por qué motivo? Porque demora los pagos o los documentos que entrega son a plazo no soportable por los industriales que pueden vender su producción a privados en condiciones más convenientes.
Los precios a los que esos fabricantes venderían al Estado, de acordar las condiciones, resultan mucho más ventajosos para el presupuesto público porque provocarían un ahorro respecto de las erogaciones que termina eligiendo el Estado.
Entonces, los fabricantes prefieren venderle a distribuidores o intermediarios que son quienes le venden al Estado, cargando sobreprecios o tasas de interés que conviertan esa operación en un negocio financiero a veces muy bueno, y extraordinario en otras ocasiones.
Muchos de estos distribuidores tienen relaciones bastante cercanas con funcionarios públicos -no siempre la primera línea, a menudo la segunda o tercera línea, la ‘operativa’- y una ‘espalda’ suficiente para enfrentar el período hasta el cobro de los documentos.
sí compra el Estado: mal. Pésimo. Pero el Estado no es inocente: lo hace porque le permite alimentar vínculos y relaciones ‘parasitarias’ que contribuyen a financiar ‘la política’ a partir del sobrecosto. Hasta aquí, nada nuevo en este artículo periodístico.
La pregunta es: ¿Y por qué motivo el Estado sigue comprando en forma tan ineficiente?
Mejor expresado: ¿Por qué el Estado no modifica sus procedimientos de compra?
El Ejecutivo Nacional promete un decreto disponiendo que todas las compras respetan la lista de precios cuidados.
No es muy creativa la respuesta. Más bien parece de ocasión.
Sin embargo, por dar un ejemplo y debe haber muchos más, si el Estado creara un fideicomiso para determinada contratación, utilizara los procedimientos online para hacer subastas en tiempo real, que todos pudieran verificar, y pagar al contado deduciendo el monto de ese fideicomiso, obtendría múltiples beneficios:
** mejoraría sus precios y calidad (participarían directamente los productores líderes),
** transmitiría certeza (no habría lugar para la sospecha),
** ganaría credibilidad (obtener reputación de honestidad será clave para los tiempos difíciles por delante).
Hay herramientas tecnológicas disponibles para una subasta online. Es posible financiar el fideicomiso. ¿Qué falta, entonces? Voluntad política. Decisión de eliminar burocracia. Anhelo de cambiar la historia.
El Gobierno no descarta sancionar a las empresas que pusieron precios por encima del valor de mercado para proveer al Estado en este momento de emergencia. Muy bien. Es lo que corresponde. Pero esto no impide que vuelva a ocurrir y, en especial, no le permite a la Administración demostrar que comprende los vientos que comienzan a soplar.
Por último, el ejemplo: si la Nación no cambia, ¿por qué lo harían las provincias y los municipios?
