El titular de la cartera de Seguridad, Horacio di Nápoli detalló que en el lapso de un mes se controlaron 150 mil personas, 120 mil vehículos, se iniciaron 6.826 causas judiciales y se recibieron 10 denuncias contra funcionarios policiales, dos de las cuales ya fueron archivadas judicialmente.
Aclaró que la mayoría de las denuncias por abusos policiales “fueron iniciadas de oficio por el Ministerio Público Fiscal” y detalló que “en toda la Provincia se investigan ocho”.
Parafraseando al gobernador Sergio Ziliotto, el ministro dijo “no nos va a temblar la mano para sacar a los malos policías de la fuerza y resguardar a los buenos policías” y afirmó que se actuará “inflexiblemente” cuando se compruebe cualquier tipo de exceso.
De esta forma puso en valor el accionar de la Policía provincial que desplegó 2.400 efectivos en el territorio para hacer cumplir la cuarentena dispuesta por decreto del Gobierno Nacional, al que adhirió la provincia de La Pampa.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio se dispuso el 19 de marzo, después que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.
“Desde esa fecha hasta hoy –precisó el ministro- controlamos 150 mil personas, 120 mil vehículos, se iniciaron 6.826 causas judiciales y recibimos diez denuncias contra el accionar policial, dos de las cuales ya fueron archivadas judicialmente”.
Añadió que desde la cartera a su cargo “se solicitaron informes a la Policía sobre lo acontecido y se arbitraron los mecanismos para llevar adelante la investigación judicial que determinará la responsabilidad penal de los acusados”.
Asimismo puntualizó que la Jefatura de la Policía envió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el expediente sobre las actuaciones que derivaron en la denuncia, para que desde ese organismo se investigue el desempeño de los policías y se determine si incurrieron o no en faltas administrativas o disciplinarias, según las previsiones legales vigentes.
“En este tipo de procesos – agregó- interviene además la Secretaria de Derechos Humanos, desde donde nos cursaron diez notas dirigidas al Ministerio de Seguridad para que informemos sobre las denuncias receptadas en el organismo o difundidas por medios periodísticos o redes sociales”.
El ministro valoró el accionar institucional de la fuerza y precisó que si bien la formación policial incluye una materia específica sobre Derechos Humanos, “desde el Gobierno provincial hemos diseñado un programa de fortalecimiento de la actuación policial basada en el respeto a los Derechos Humanos, la equidad y la diversidad”.
Finalmente recordó que en el mes de abril, se emitió un memorándum “en relación a la posible identificación de quien se encuentre en infracción a la norma” en que se ordenaba que “debe primar el buen trato y el respeto y que en todos los casos, se deben respetar los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza”.
Parafraseando al gobernador Sergio Ziliotto, el ministro dijo “no nos va a temblar la mano para sacar a los malos policías de la fuerza y resguardar a los buenos policías” y afirmó que se actuará “inflexiblemente” cuando se compruebe cualquier tipo de exceso.
De esta forma puso en valor el accionar de la Policía provincial que desplegó 2.400 efectivos en el territorio para hacer cumplir la cuarentena dispuesta por decreto del Gobierno Nacional, al que adhirió la provincia de La Pampa.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio se dispuso el 19 de marzo, después que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.
“Desde esa fecha hasta hoy –precisó el ministro- controlamos 150 mil personas, 120 mil vehículos, se iniciaron 6.826 causas judiciales y recibimos diez denuncias contra el accionar policial, dos de las cuales ya fueron archivadas judicialmente”.
Añadió que desde la cartera a su cargo “se solicitaron informes a la Policía sobre lo acontecido y se arbitraron los mecanismos para llevar adelante la investigación judicial que determinará la responsabilidad penal de los acusados”.
Asimismo puntualizó que la Jefatura de la Policía envió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el expediente sobre las actuaciones que derivaron en la denuncia, para que desde ese organismo se investigue el desempeño de los policías y se determine si incurrieron o no en faltas administrativas o disciplinarias, según las previsiones legales vigentes.
“En este tipo de procesos – agregó- interviene además la Secretaria de Derechos Humanos, desde donde nos cursaron diez notas dirigidas al Ministerio de Seguridad para que informemos sobre las denuncias receptadas en el organismo o difundidas por medios periodísticos o redes sociales”.
El ministro valoró el accionar institucional de la fuerza y precisó que si bien la formación policial incluye una materia específica sobre Derechos Humanos, “desde el Gobierno provincial hemos diseñado un programa de fortalecimiento de la actuación policial basada en el respeto a los Derechos Humanos, la equidad y la diversidad”.
Finalmente recordó que en el mes de abril, se emitió un memorándum “en relación a la posible identificación de quien se encuentre en infracción a la norma” en que se ordenaba que “debe primar el buen trato y el respeto y que en todos los casos, se deben respetar los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza”.
