La Fundación mantuvo una reunión con Defensor de niños, niñas y adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca, para abordar temas relacionados con la defensa y protección de los derechos de las personas, y en este caso específico, los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2A la ONG llegan casos de diversa índole, reclamos de derechos, entre otros temas y la situación de numerosos menores y adolescentes, que están atravesando difíciles situaciones económicas y sociales a raíz de la pandemia, sumado a la necesidad de la atención psicológica”, señalaron.
Silvia González, Presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, resaltó la idea de efectivizar la “ley de víctimas en la provincia de La Pampa” y de impulsar “el observatorio de víctimas”, para poder coordinar y trabajar las diferentes situaciones que atraviesan las víctimas no sólo de siniestros viales sino también de diferentes delitos.
“Este tipo de situaciones, deben dar un tratamiento integral, que en la actualidad no se efectúan por situaciones burocráticas”, a gregó.
“La ley considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito y al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores” rescató.
La norma brinda derecho al “asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad” a víctimas y familiares de víctima y “busca coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”, indicó.
“En el contexto de la pandemia COVID19, y debido a los reclamos por los derechos de las infancias, Estrellas Amarillas le trasladó al Defensor la preocupación para poder traer a varios menores pampeanos que han quedado fuera de la provincia a raíz de la pandemia y que están atravesando también situaciones de alta vulnerabilidad y que no están pudiendo ingresar a la provincia de La Pampa”, informaron.
Desde Estrellas Amarillas “se solicita a los jueces de Ejecución y a los de Impugnación Penal que informen sobre en qué cantidad, y en qué condiciones, se otorgaron prisiones domiciliarias a detenidos cuyas defensas alegaron que son personas en situación de riesgo respecto del virus Covid-19”.
