El Gobierno de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, hizo conocer su disconformidad, una vez más, con la decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, esta vez a favor del represor Luis Baraldini, un criminal de delitos de lesa humanidad y pieza central del terrorismo de Estado durante la dictadura militar en la Provincia.
El Tribunal Oral Federal le otorgó la prisión domiciliaria a Baraldini, beneficio que no comulga ni con la naturaleza de los delitos por los que fue condenado, ni tampoco con la gravedad de la pena que le fuera impuesta –prisión perpetua- y mucho menos con los antecedentes que lo distinguen, negativamente, como su fuga del accionar de la Justicia y la violación a la prisión domiciliaria acordada para la ejecución de la pena.
Extraña a la Subsecretaría el pronunciamiento del Tribunal, dado que hace unos días la defensa de Baraldini obtuvo el rechazo de la pretensión que ahora le fue conferida. Una contradicción que no se alcanza a disipar con la lectura de los argumentos de la resolución y mucho menos aún, si se los confronta con los que reiteradamente la Subsecretaría de DDHH ha destacado como ineludibles para la justa valoración de este beneficio, como de cualquier otro, solicitado por quienes fueron condenados en las causas de la Subzona 14.
La Subsecretaría, compartiendo criterio con el gobernador Sergio Ziliotto y con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, sostiene enfáticamente que la ejecución de la pena, cuando se trata de condenados por delitos de lesa humanidad, debe necesariamente ser efectiva y cumplirse por completo en prisión, como única forma de garantizar su proporcionalidad y la realización plena de Justicia para quienes resultaron víctimas de sus atrocidades.
«Nuestra convicción es que solo se puede hablar de memoria, verdad y justicia si quienes fueron condenados por estos delitos purgan la totalidad de sus penas en prisión, por lo que instamos a la Justicia a actuar bajo estos preceptos», se señaló desde la Subsecretaría.
Extraña a la Subsecretaría el pronunciamiento del Tribunal, dado que hace unos días la defensa de Baraldini obtuvo el rechazo de la pretensión que ahora le fue conferida. Una contradicción que no se alcanza a disipar con la lectura de los argumentos de la resolución y mucho menos aún, si se los confronta con los que reiteradamente la Subsecretaría de DDHH ha destacado como ineludibles para la justa valoración de este beneficio, como de cualquier otro, solicitado por quienes fueron condenados en las causas de la Subzona 14.
La Subsecretaría, compartiendo criterio con el gobernador Sergio Ziliotto y con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, sostiene enfáticamente que la ejecución de la pena, cuando se trata de condenados por delitos de lesa humanidad, debe necesariamente ser efectiva y cumplirse por completo en prisión, como única forma de garantizar su proporcionalidad y la realización plena de Justicia para quienes resultaron víctimas de sus atrocidades.
«Nuestra convicción es que solo se puede hablar de memoria, verdad y justicia si quienes fueron condenados por estos delitos purgan la totalidad de sus penas en prisión, por lo que instamos a la Justicia a actuar bajo estos preceptos», se señaló desde la Subsecretaría.
