El presidente Alberto Fernández interpuso una demanda por 100 millones de pesos contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, después de que fracasara la audiencia de mediación convocada a raíz de las declaraciones de la dirigente opositora cuando le atribuyó al Gobierno nacional la pretensión de obtener «retornos» para que llegue al país la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer.
La interposición de la demanda fue informada este domingo por Gregorio Dalbón, el abogado del mandatario en esta causa, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.
«El Presidente interpuso una demanda contra Bullrich por 100 millones de pesos. La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entran en etapa judicial», consignó el letrado.
Dalbón remarcó además que, una vez que gane el pleito judicial, el Presidente donará ese resarcimiento al Instituto Malbrán, el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que investiga y realiza estudios sobre el coronavirus.
Fuentes del entorno presidencial señalaron a Télam que al mandatario «no le importa lo económico», que será donado, sino que «pedirá se lea la sentencia en aquellos canales que se hicieron eco de las declaraciones de Bullrich sobre que el Gobierno nacional intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer para obtener un retorno y que esto no le era ajeno al Presidente».
Fernández tomó la decisión de demandar a Bullrich luego de que el 18 de junio fracasara la audiencia conciliatoria entre ambos.
Esa mediación, que se desarrolló de modo virtual, duró menos de media hora, tiempo que alcanzó para que ambas partes expresaran su voluntad de no conciliar y avanzar directamente al juicio.
Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio Pfizer a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso, después.
Por su parte, también el Ministerio de Salud ya presentó semanas atrás una denuncia ante la Justicia penal para que se investiguen las declaraciones de Bullrich.
La presentación fue formalizada por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini.
Para el Poder Ejecutivo, los dichos de Bullrich revisten hechos de gravedad institucional porque implican sembrar sospechas en las complejas negociaciones que realiza el Gobierno para conseguir vacunas contra el coronavirus.
