La jueza Elena Highton de Nolasco renunció este martes a su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández y luego de haber permanecido 17 años en el cargo, con lo que el máximo tribunal del país quedará con cuatro miembros y ninguna mujer.
«Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año», señala la misiva fechada el 30 de septiembre pero difundida este martes por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Sin mencionar los motivos, la jueza de 78 años concluye así un período de 17 años como miembro del máximo tribunal y luego de haber conseguido mediante un amparo la extensión de hecho del límite de 75 años para ser parte de la Corte fijado en la reforma constitucional de 1994.
Con la renuncia de Highton, y tras el fallecimiento de Carmen Argibay en 2014, la Corte se queda sin mujeres en su composición.
El pasado 23 de septiembre, Horacio Rosatti se convirtió en el nuevo titular del máximo tribunal, luego de haber sido propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el anterior titular, Carlos Rosenkrantz, que quedó como vicepresidente, el cargo que ostentaba Highton de Nolasco.
Tanto Ricardo Lorenzetti, como la misma Highton no participaron de ese encuentro y, días después, en una extensa misiva, Lorenzetti sostuvo que la designación de Rosatti «violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía».
Highton de Nolasco dirige también la Oficina de la Mujer de la Corte, creada en 2009 para desarrollar políticas de género para los usuarios del sistema de justicia y para los empleados del Poder Judicial, y que, entre otras tareas, confecciona el Registro Nacional de Femicidios y contiene a la Oficina de Violencia Doméstica.
La salida de Highton de Nolasco dejará a la Corte en una situación de empate en los votos que los cuatro miembros deberán superar, en caso de ser necesario, buscando consensos jurídicos y políticos, hasta tanto el Poder Ejecutivo proponga nuevos miembros y estos cumplan con el trámite que exige la Constitución.
A los miembros del alto tribunal los elige el Presidente con el acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, no totales, y luego de que el candidato o candidata haya superado el período de observaciones que debe abrirse para que tanto ciudadanos como organizaciones opinen sobre los postulantes.
Los requisitos para convertirse en parte del tribunal son tener treinta o más años de edad y ser abogado con ocho años como mínimo en el ejercicio de la profesión.
Las últimas designaciones en la Corte fueron las de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, durante el mandato de Mauricio Macri, y luego de haber sorteado la conmoción que significó que el entonces presidente los haya nombrado por decreto.
La jueza saliente sostenía una buena relación con el Gobierno, al punto que fue la única representante de la Corte que estuvo en la presentación de la reforma judicial que el Ejecutivo anunció el año pasado, luego de un extenso estudio de un grupo de juristas notables.
Entre sus votos, está el que concedió el 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, cuya aplicación luego se prohibió por una ley del Congreso, motorizada por el repudio masivo al beneficio.
En esa oportunidad, Highton de Nolasco consideró que el represor Luis Muiña tenía derecho a la ley más benigna y que se le computaran dos días de condena por cada uno que había estado en prisión preventiva.
«La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes», escribió Highton en el voto de mayoría que compartió con Rosenkrantz.
Luego, la jueza sumó que «los tribunales internacionales encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación del principio de ley penal más benigna», que aquí en la Argentina se debía aplicar a los responsables de los crímenes de la dictadura.
Egresada de la Universidad de Buenos Aires, con estudios posteriores en Harvard y la Universidad Di Tella, Highton de Nolasco fue nombrada ciudadana ilustre de Buenos Aires en 2011.
