La presidenta del Tribunal de Cuentas, María Alejandra Mac Allister, junto a los vocales José Carlos Moslares y Francisco García, y los síndicos de Pampetrol (Juan Carlos García, Simón Barreto y Martín Matzkin), concurrieron a la comisión de Hacienda y Presupuesto en el recinto de sesiones de la Legislatura, para exponer frente a las y los diputados sobre la “polémica” que se generó tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, difundidas en un video durante una reunión de comisión en diciembre del 2021. En ese momento, Franco había pedido detener la grabación de la reunión para detallar algunos contratos entre Pampetrol y el Estado provincial.
En el marco de la Comisión, Mac Allister aseguró que «en ningún momento desde el Tribunal de Cuentas se consideró que se estaba ante una situación complicada».
El ministro de Hacienda Ernesto Franco en su visita a Legislatura en diciembre pasado había pedido que se deje de grabar la sesión para explicar «una maniobra con los contratos de alquiler de Pampetrol»
Mac Allister aclaró que “el control del Tribunal de Cuentas no es el último, es un control más que tiene la Sapem. Esto es importante, porque determina que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, de lo que hizo y lo que no hizo”.
La presidenta del TdC pidió discutir «el tipo de auditoria que queremos tener. En esto celebramos que el gobernador haya mandado una ley para que se controlen todas las Sapem. Ahí si podríamos discutir si queremos auditoria de gestión, o de otras características. Esto lo vemos con agrado, y queremos ser convocados. Ese día ustedes tendrán que discutir qué tipo de auditoría se quiere tener”, expresó.
Para finalizar su exposición, Mac Allister celebró la convocatoria y dijo que “trabajamos todos los días en el control. No dudamos en nadie, venimos tranquilos. Uno es vehemente cuando está convencido de lo que hace. En ningún momento sentimos que estábamos en una situación de complicada”.
Preguntas
En la ronda de preguntas, Mauricio Agón preguntó cuáles son los alcances de control a Pampetrol. Juan Carlos García, síndico titular de la empresa, respondió: “Tenemos participación sumamente directa. Nuestra sociedad es muy especial porque la mayoría de los temas se tratan en el directorio de la que tenemos participación. En esas reuniones emitimos nuestras salvedades respecto a dos cuestiones: lo legal y la influencia sobre el aspecto financiero en la sociedad. ¿Cómo verifico la legitimidad de los precios? Hemos trabajado en un manual que establece diferentes cuestiones, como límites de compras, entre otras”.
Agón también consultó por la norma 2572 que “no se está cumpliendo”, que indica que cada 6 meses se debe enviar a esta Cámara un estado de gestión de Pampetrol. “No es que no enviemos la información porque no queremos. Al hablar de información semestral obliga a la empresa a tener una estructura técnica, sistema que es sumamente complejo”, dijo García.
Por su parte, Francisco Torroba preguntó si el contrato de alquiler que se ha mencionado para pagar menos impuesto a las ganancias, “¿existe o es un dibujo?”.
Una vez más, García respondió: “El Estado de ninguna manera podría darle a una empresa, para obtener beneficios, un bien que posee de forma gratuita. Yo creo que tendría la obligación de cobrar el alquiler. De hecho le cobra el bono. Cuando cedemos el 80% dejamos de pagar el alquiler. En el contrato lo que hicimos fue pagar un contrato de alquiler. En este sentido, somos una empresa protegida, porque nos protege la ley de hidrocarburos. En el caso de los contratos, lo que dice es que se va a pagar en tanto y en cuanto la empresa no tenga que distraer recursos que le impidan dedicarse a la actividad productiva”, desarrolló el contador.
“Nosotros –siguió García-, al 31 de diciembre del 2021, hemos pagado más del 40% de los contratos que tenemos, algo así como 364 millones de pesos. El contrato es válido, desde cualquier punto de vista, es legítimo en todo sentido. Fue firmado por las personas que tenían que firmar, se hizo en función de leyes provinciales e intervino el Tribunal de Cuentas”.
“La otra parte de la pregunta, ¿es para pagar menos ganancias? Cuando uno hace cualquier gasto sabe que el 30% va a ir destinado a restar la ganancia, es decir, es una consecuencia de todos los contratos. No veo diferencia entre ese contrato y el contrato de alquiler que teníamos hasta diciembre, o entre ese contrato y el pago de sueldos”, dijo García.
Luego el legislador consultó precisamente si “estamos ante un hecho de evasión”. “Para que haya evasión tiene que haber un incumplimiento de la ley, o sea, te pongo una factura trucha o no pongo todos los ingresos. Nosotros estamos pagando un alquiler. Hubiéramos entrado en infracción si no hubiéramos descontado Ganancias”, contestó el síndico de Pampetrol.
Por su parte, Mac Allister dijo que le llama la atención la pregunta “porque esto está avalado por ley y ustedes son conocedores de la ley”, y agregó: “El Tribunal trabaja en auditorías, hicimos bloques de leyes, para Medanito, Jaugel de los Machos y Medanito Sudeste. Las leyes determinan cuáles son los bienes. El asesor letrado recomienda un dictamen de alquiler. Eso hace que se dicte la ley y se haga un contrato oneroso en Medanito. Esos contratos fueron aprobados en 2020 y transformados en contratos onerosos. Se fue cobrando. Pero es todo por ley, por eso me llama la atención la pregunta. En todo caso, no estamos en competencia de responder, ya que lo debería responder la AFIP. Los informes están a disposición”.
Diputados del Frejupa cuestionaron las “desafortunadas” declaraciones del ministro Franco, pero manifestaron su conformidad con la reunión para que la sociedad esté segura de que no hubo delito y que se paga impuesto a las ganancias.
Desde la oposición, Martín Ardohain pidió una vez más la renuncia de Franco por “el daño que le ha hecho a las instituciones”. Torroba ratificó su postura de juicio político al ministro. “No por haber cometido un delito, sino por el daño que ha causado y por el manto de sospechas que ha generado sobre las instituciones”, finalizó.
