La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron avanzar con algunas modificaciones respecto al entendimiento original, entre las que se destacan la meta de acumulación de reservas, con una reducción de 3.600 millones de dólares al final del primer trimestre y de 1.800 millones de dólares en el total anual, a raíz de la sequía sin precedentes que afectó al país.
Tras la aprobación de la cuarta revisión del programa, también se acordó mantener el 1,9% del PIB de déficit fiscal para 2023 y determinadas pautas para poder alcanzar los objetivos propuestos, entre los que se encuentran la decisión de avanzar con el recorte de los subsidios energéticos para los hogares de altos ingresos a partir de mayo 2023 y el cierre de procesos de inscripción para poder acceder a los mismos, precisaron fuentes del Palacio de Hacienda.
«En el contexto de financiamiento limitado y cobertura de reservas débil y decreciente, las políticas macroeconómicas siguen siendo esenciales para contrarrestar el impacto de la sequía, abordar el aumento la inflación y asegurar la estabilidad», señaló el FMI en el documento de la cuarta revisión del programa publicado esta noche.
«El personal apoya la modificación solicitada de la meta de acumulación de reservas para acomodar parcialmente el impacto de la cada vez más severa sequía, teniendo en cuenta el impacto de las medidas políticas de compensación acordadas», aseguró el organismo.
Por otra parte, señaló que «alcanzar el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9 % del PIB en 2023 requerirá esfuerzos decisivos para fortalecer el cumplimiento tributario, los controles de gastos y la focalización de la energía subsidios y asistencia social. También se requerirán esfuerzos para abordar el mandato no financiado creado por la nueva moratoria de pensiones, incluso a través de normas de aplicación destinadas a garantizar que el esquema se dirija a los jubilados con mayor necesidad».
Según el FMI, estas acciones «son necesarias para salvaguardar la estabilidad y la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo, al mismo tiempo que se brinda espacio para gasto en infraestructura, especialmente los gasoductos».
En lo que respecta al canje de deuda en pesos, desde el organismo se valoró el resultado de las distintas operaciones de conversión, en especial la última que permitió extender a 2024 y 2025 los vencimientos previstos originalmente para abril-junio de 2023.
«Deben continuar los esfuerzos para movilizar la red de financiación y mitigar los riesgos de refinanciación a corto plazo, limitando al mismo tiempo la acumulación de vulnerabilidades y salvaguardar la sostenibilidad de la deuda. La ejecución exitosa de la estrategia de financiamiento puede ayudar a apuntalar un mejorar el funcionamiento del mercado y contener los crecientes riesgos del balance del banco central», afirmó el FMI.
Aún así, advirtió que «la intervención del banco central en el mercado secundario de bonos debe limitarse a abordar riesgos de estabilidad financiera» y que «se debe mantener una postura monetaria estricta hasta que la inflación las expectativas se sitúan en una clara tendencia a la baja».
«El banco central debería estar preparado para subir tipos de interés en caso de nuevos choques inflacionarios y/o una intensificación de las presiones cambiarias», señaló el FMI, en relación una la política de tasas de interés reales positivas para evitar una mayor brecha cambiaria y una salida de depósitos en pesos hacia el dólar.
En cuanto al sector cambiario, el organismo señaló que «en la medida que las condiciones lo permitan» deberán eliminarse las restricciones cambiarias, «ya que las medidas cambiarias administrativas temporales no sustituyen política macroeconómica».
Aún así, aprobó la solicitud del gobierno argentino de «una prórroga de 12 meses» para la ejecución de medidas cambiarias, tales como tipos de cambios diferenciados, como medida de emergencia y de corto plazo.
