Eso, a su vez, se replica por una caída de 29,7% o $1,13 billones en prestaciones sociales, explicado en casi 80% por la merma en jubilaciones y pensiones (-38,1% o $-0,89 billones) debido al retraso de la fórmula de ajuste de los haberes en función de la inflación.
También se produjo una “contracción de 64% o $0,45 billones en los subsidios económicos, que es prácticamente en su totalidad un recorte de los subsidios energéticos (-77,2% o -$0,37 billones) por la postergación de transferencias a CAMMESA».
Por otro lado, hay un achique real del 28,3% o $0,34 billones en los gastos de funcionamiento, basado mayormente en una licuación de los salarios del sector público (-27,2% o -$0,26 billones)
Y, finalmente, cabe recordar que a los gobernadores de las provincias el gobierno de Javier Milei les recortó el 72% o $0,16 billones de las transferencias corrientes. Los gastos de capital, es decir, la obra pública se desplomaron 86% real o $0,47 billones, llevándose las transferencias de capital a provincias casi a cero.
Los únicos dos gastos que cayeron nominalmente fueron las transferencias a las provincias con el 0,9% y los de capital con el 50% respecto de un año atrás. El resto fue licuación de partidas.
