“El 5 de marzo fue presentado este proyecto, creo que ya no podemos seguir con este debate en la búsqueda de un dictamen unificado, se impone que presentemos nuestro dictamen con las modificaciones introducidas y cerrar ya este plenario para que se trate en la sesión correspondiente”, dijo el diputado Daniel Lovera, presidente de la comisión de hacienda y presupuesto, que hoy se reunió junto a las de legislación general, cultura y educación y asuntos municipales; y la legislación social y salud pública, presididas por las diputadas Liliana Robledo y Laura Trapaglia respectivamente.
El diputado Hipólito Altolaguirre reveló que su bloque –UCR- junto al de PRO-MID presentaría un dictamen propio que básicamente se diferencia del oficialista en el financiamiento del aporte en cuestión. Proponen que el 100% del FoDeCo, y con destino específico, se envíe a todas las localidades de acuerdo a la ley de coparticipación y que se establezca que los funcionarios que cobran más de un millón y medio de pesos aporten el 20% de sus ingresos durante 6 meses. Eliminan así, el aporte de las entidades financieras.
El diputado Espartaco Marín al argumentar el dictamen oficialista dijo que podrían considerar que se fije un porcentaje en el aporte de funcionarios, pero de ninguna manera excluir el aporte de las entidades financieras, porque se estaría desvirtuando el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que estima recaudar once mil ochocientos millones de pesos.
Es así que el dictamen del FreJuPa fue considerado como dictamen 1, por ser mayoritario; el de UCR, junto al PRO-MID dictamen 2 y los legisladores de Comunidad Organizada dijeron que fijarán posición en el recinto.
Desde los bloques opositores sugirieron la necesidad de establecer si se trata de una ley especial, porque si así fuera, para su aprobación se necesitará del voto de 16 diputados.
Ante el pedido de la diputada Trapaglia de que el plenario se expidiera rechazando las “amenazas”, dijo, de escrache que se hicieron públicas y que condicionarían el voto de la oposición, la diputada Robledo sugirió que lo correcto será que los presidentes de bloque en la reunión de labor parlamentaria aborden esta cuestión y, en todo caso, que durante la próxima sesión se trate el repudio y la solidaridad reclamada. La oposición estuvo de acuerdo en esa metodología.
Investigación y reclamos públicos
Con la presencia de extrabajadores y sus representantes legales y en minoría, porque no estuvieron los legisladores del FreJuPa, presidida por el diputado Maximiliano Aliaga, se reunió la comisión de Investigación y Reclamos Públicos, para tratar el cierre del frigorífico de General Acha.
El abogado Javier Díaz explicó la situación de sus representados diciendo que «no venimos a suplir ninguna instancia judicial. Simplemente pedimos que se investiguen algunos hechos que se vienen sucediendo desde 2017 ya que todos los desmanejos ocasionaron serios daños a la ciudadanía y ustedes al ser elegidos por pueblo deben investigar estos hechos».
Díaz dijo no tener en claro si los trabajadores cobraron parte de la indemnización que les correspondía cobrar manifestando que «en este cambalache todo se confunde. Para aplacar las aguas, los directores se comprometieron ante el organismo administrativo de trabajo a pagar el 50% de las indemnizaciones cuando aún no habían sido despedidos. Cuando los despiden, se procede a depositar en la cuenta de cada uno de ellos tres pagos insignificantes. Hoy en día el crédito tuvo parte de diferencias salariales, entonces interpreto que no hubo pagos en concepto de indemnización» y remarcó: «Fueron depositados sin decirles bajo qué concepto. Teóricamente fue así, pero no podemos determinarlo a ciencia cierta».
Sobre el rol del gremio, Díaz señaló que «el organismo homologó un supuesto acuerdo que incluso la misma Justicia dijo que no se trataba de un acuerdo».
El abogado dijo que hoy el frigorífico «está alquilado con el aval de la Justicia». Y que insólitamente “como representante legal no se me deja ser parte del expediente».
