Los bloques de la UCR, PRO y CO le pidieron al intendente Santa Rosa la clausura del taller Técnica Sur, que realiza las RTO en la ciudad, y cuestionaron la respuesta de la gestión de Luciano di Nápoli a su carta documento.
«La respuesta emitida por la Municipalidad de Santa Rosa a nuestra carta documento es, lamentablemente, lo que anticipamos. En lugar de abordar las observaciones con seriedad y responsabilidad, optaron por evadir el problema, ofreciendo argumentos débiles e inestables que solo contribuyen a confundir y desinformar a los vecinos. Esta defensa, carente de fundamentos sólidos, desnuda la falta de compromiso del Municipio con la transparencia y el cumplimiento de la ley».
«Frente a esta situación, los Bloques de Concejales de la UCR, PRO y CO enviamos otra carta documento al Intendente insistiendo en que el Municipio, en un plazo de 24 horas, realice la clausura del Taller Técnica Sur. De no ser así, se iniciarán las acciones legales correspondientes para garantizar el respeto a la normativa vigente.»
«El Municipio ha intentado justificar la emisión de obleas por parte del taller bajo el argumento de ser la autoridad local, olvidando que el taller en cuestión debe estar debidamente registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que es la autoridad competente para aprobar y homologar estas obleas, entre otras funciones. La simple habilitación municipal no es suficiente; el taller debe cumplir con todos los requisitos establecidos a nivel nacional, a los que Santa Rosa ha adherido mediante el convenio celebrado con la ANSV».
Más allá de que la Municipalidad comenzó el proceso de registro, aún no ha sido completado. Hasta que no se obtenga la aprobación final, ninguna verificación realizada por el taller Técnica Sur tiene validez. La ANSV ha sido clara y contundente en su comunicación formal al respecto.
A pesar de esto, la Municipalidad continúa ignorando las graves irregularidades y recurre a los medios de comunicación locales para distorsionar la realidad y desacreditar nuestras acciones. Este comportamiento es incompatible con los principios de un Estado de Derecho, donde el cumplimiento de la legalidad debe ser inquebrantable.
Como representantes y funcionarios públicos, nuestra responsabilidad es garantizar que las normas y los contratos se cumplan de manera estricta y transparente.
