El intendente peronista de Macachín, Jorge Cabak, y el ex comisario de la localidad, Hugo Iglesias, fueron acusados del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autores en concurso ideal con el delito de rata de personas con el fin de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios”.
La fiscal federal subrogante Adriana Zapico solicitó la elevación a juicio por considerar que los acusados habrían “brindado protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo ‘La Chicho Show‘, ubicado en la localidad pampeana de Macachín”.
La participación de Cabak, según la funcionaria, se porque “conociendo cabalmente lo que sucedía en el local nocturno ‘La Chicho Show’ no sólo mantuvo la habilitación municial, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños seguir con la actividad y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres”.
“Con todo ello, Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse”, afirmó.
Por su parte, el ex comisario Hugo Iglesias “conocía la actividad de prostitución que se desarrollaba en La Chicho Show” y consideró que ese hecho quedó demostrado a través del contenido de los diálogos telefónicos y también en los dichos de Cabak, en tanto “se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad y de los propios dichos de Iglesias puesto que afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaret sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución”.
Con esta elevación a juicio el intendente de Macachín, ubicada 114 kilómetros al sureste de Santa Rosa se convierte en el segundo intendente peronista vinculado al delito de trata de personas con el fin de explotación sexual. En junio pasado el jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado a la pena de 5 años de prisión y a pagar una multa de 50 mil pesos. La misma condena recibió el excomisario de esa localidad, Carlos Javier Fernández. En aquel caso la participación en la consumación del delito se dio en el caso del cabaret “Good Night”.
La causa se inició el 21 de febrero de 2011, con una denuncia que llegó a la Brigada de Investigaciones UR-1, donde una mujer oriunda de República Dominicana dijo que “trabajaba” en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires, y que “no habría estado conforme con su contexto laboral”. El prostíbulo habría estado, a su vez, conectado con la whiskería “Chicho Show” y con un tercer local también bonaerense.
“Lo que justamente ocurre con este delito federal de trata de personas por prostitución es que no se puede llevar a cabo si no hay complicidad y connivencia del poder político, policial y judicial”, afirmó a Somos Noticias la integrante de la Red Par, Mónica Molina.
“Al no derogar la ordenanza los intendentes estaban mostrando su grado de complicidad con la trata de personas para explotación sexual. Acá había una complicidad de todos los poderes. Y esto es clarísimo que operaban como bandas y lo llevaban adelante”, dijo.
