El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la presentación de la quinta medición del Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), un instrumento desarrollado por el Estado provincial para planificar políticas públicas con base en información concreta y verificable. Según el informe elaborado a partir de encuestas realizadas en nueve localidades que concentran el 70% de la población pampeana, el 4,1% de las personas relevadas no logra cubrir con sus ingresos la Canasta Básica Alimentaria. Esta cifra representa una leve mejora respecto al 4,4% registrado en agosto de 2024. En el conglomerado Santa Rosa-Toay midió 4,5%.
“El nivel de información que tenemos hoy en La Pampa es parte de un trabajo que pensamos hace más de 20 años. Necesitábamos tener datos concretos no sólo para saber a quién asistir, sino también para establecer mecanismos que nos permitan controlar la ejecución de esos recursos y medir la eficiencia de nuestra gestión”, señaló el gobernador.
El acto de presentación del IVS se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y participaron, además de Ziliotto; la vicegobernadora, Alicia Mayora; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; la subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger; el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa; intendentes e intendentas y diputados provinciales.
El relevamiento fue realizado en febrero de 2025 y abarcó a nueve localidades que representan el 70% de la población pampeana: Santa Rosa, General Pico, General Acha, Eduardo Castex, 25 de Mayo, Jacinto Aráuz, Toay, Macachín y Victorica. Se realizaron 3.066 encuestas. En la próxima medición que se realizará en agosto se sumará la localidad de Realicó.

Ziliotto: «Eficiencia en la aplicación de fondos públicos»

Durante la presentación, el gobernador Sergio Ziliotto remarcó que esta herramienta es fruto de un proceso planificado a lo largo de más de dos décadas, con el objetivo de “lograr eficiencia en la aplicación de los fondos públicos”.
Sostuvo que el IVS permite conocer con precisión la realidad socioeconómica provincial y facilita la toma de decisiones. “Si aplicamos fondos públicos, ¿cómo sabemos si lo hacemos bien o mal? Estos datos nos dan una radiografía exacta que nos permite saber cómo seguir. Nuestro modelo de gestión está enfocado en atender a los sectores vulnerables, en garantizar alimentos y oportunidades. Eso nos da una tranquilidad muy importante”, expresó.
El informe también contempla auditorías externas, como la que realizará la Universidad Nacional de La Pampa. “Cuantos más actores participen, mayor será la confiabilidad de los datos y más serios serán los diagnósticos para tomar decisiones”, subrayó.
El gobernador repasó la línea de tiempo de las mediciones del IVS. El primer resultado fue el de febrero de 2023 con un 3,7% a nivel provincial; en agosto de 2023 alcanzó el 5,1%; en febrero de 2024 llegó al 5,5%; en agosto de 2024 fue de 4,4%; y en febrero de 2025 del 4,1%. Destacó que, a pesar de los distintos contextos nacionales y de las múltiples crisis económicas y cambiarias, La Pampa ha logrado sostener un nivel constante de contención social. “Esto se logró con recursos propios, del gobierno provincial y de los municipios, sin importar el color político. Eso también marca nuestra identidad y una manera de hacer política basada en una pampeanidad comprometida con todo el territorio. No es casualidad que las estadísticas muestran que somos la provincia con mayor desarrollo humano, aquí está la causa”, afirmó.
Agregó que «el tiempo ordena absolutamente todo, va mucho más allá de las coyunturas. Cuando en febrero de 2023 decidimos hacer la primera muestra, los medios nacionales titulaban con grandes letras que el gobernador de La Pampa había inventado un número para bajar la pobreza a la mitad. Hoy la realidad nos dice que lo que estábamos construyendo era un índice para tomar decisiones, para ser más eficientes, porque administrando recursos públicos».
Además, anticipó que en la próxima medición se incorporará la localidad de Realicó para ampliar el alcance territorial del índice. En ese sentido, resaltó la utilidad del Sistema Pilquén como una herramienta de planificación que permite, por ejemplo, detectar que un 10% de los casos relevados presenta situaciones de hacinamiento, información clave para intervenir de manera específica.
“Los datos del Pilquén no los carga el gobierno provincial, lo hacen los municipios. Nosotros solo los analizamos. Esta es una política de Estado y una de las tantas cosas en las que La Pampa se destaca a nivel nacional: la capacidad de planificar a largo plazo y de trabajar con una lógica de continuidad institucional, más allá de las coyunturas”, concluyó Ziliotto.

Alvarez: «Permite controles de gestión»

El ministro Diego Álvarez destacó la articulación entre organismos estatales y el uso del índice como herramienta de monitoreo de políticas sociales. “Este reporte nos permite realizar controles de gestión y monitorear el impacto de los programas sociales en el territorio. Nos da insumos clave para redefinir estrategias y analizar su eficacia”, sostuvo.
Álvarez destacó además que la medición es sistemática y progresiva. “Cada seis meses vamos incorporando nuevas localidades. Esta quinta muestra incluye encuestas en nueve localidades que representan al 70% de la población pampeana, es decir, unas 255.000 personas”, explicó.
Según detalló, se realizaron 3.066 encuestas presenciales supervisadas, que abarcan un universo de 9.200 personas. Esta labor involucró a más de 250 agentes públicos de equipos municipales y provinciales. “El secreto de este trabajo es la apropiación del sistema por parte de quienes lo sostienen en territorio. Son quienes retroalimentan el sistema Pilquén y garantizan que la información sea veraz y útil”, expresó.
Álvarez añadió que, desde la primera medición de febrero de 2023 hasta hoy, el índice de vulnerabilidad social ha mostrado oscilaciones vinculadas a los contextos económicos. Sin embargo, destacó que el refuerzo alimentario focalizado (RAFE) permitió contener esos efectos. “Pese a las circunstancias, vemos que el índice se mantiene dentro de una franja estable, lo que demuestra la eficacia de las políticas implementadas”, concluyó.

Impacto del RAFE

Por su parte, la subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger, profundizó sobre la metodología y el análisis de los resultados. Explicó que la línea de indigencia tradicional, basada exclusivamente en ingresos declarados, suele ser más alta que la obtenida con información complementaria del Estado. “Muchas personas no declaran los subsidios como ingresos porque los consideran un derecho, no un ingreso. Eso genera subregistros que corregimos cruzando datos de liquidación de sueldos, jubilaciones, pensiones y programas sociales”, detalló.
Ramborger señaló que sin la existencia del RAFE —el refuerzo alimentario focalizado—, el índice actual del 4,1% sería de 6,5%, lo que equivaldría a unas 10.000 personas más en situación de indigencia. “Eso nos obliga a seguir reforzando las políticas alimentarias cuando vemos que la tendencia comienza a crecer. Este índice nos permite actuar con anticipación y precisión”, explicó.
Además, advirtió sobre dos grupos emergentes que aportan nuevos elementos al análisis: personas recientemente desocupadas sin registros en programas sociales, y familias con ingresos formales o informales que, aún así, no logran cubrir la canasta básica. “Son los nuevos pobres, los que todavía no están registrados como demandantes del Estado”, apuntó.