El vicecanciller Carlos Foradori y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj anunciaron la publicación de 75 comunicaciones de la UNESCO entre 1978 y 1982 sobre violaciones de derechos humanos en la argentina.
La Unesco ordenó la digitalización de estos documentos que hasta hoy eran de carácter reservado, entre los que se da cuenta de asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, cierre de periódicos, prohibición y destrucción de publicaciones, encarcelamiento de profesores por cuestiones ideológicas, quema de libros y el deterioro del patrimonio científico y cultural de la Nación Argentina durante la última dictadura militar.
Las denuncias, de acuerdo a los archivos de la Unesco están divididas en admisibles y no admisibles, ya que el organismo recibía sólo notificaciones sobre personas detenidas o desaparecidas relacionadas con actividades en el campo de la cultura, la comunicación, la ciencia y la educación.
En una conferencia de prensa realizada esta tarde en el Palacio San Martín, Foradori calificó como «un hecho muy importante» dar a conocer estas denuncias sobre «la página negra de la dictadura» y explicó que toda la información será procesada y digitalizada para enviarla a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Justicia en los próximos días y agregó que la canciller, Susana Malcorra dio precisas instrucciones para que esto se realice con celeridad.
Por su parte, Avruj señaló que «esto ratifica que la memoria, la verdad y la justicia son una política de Estado, y pondremos esta información a disposición de los familiares de los desaparecidos y la justicia».
«Cuanto más nos acerquemos a la verdad, vamos a crecer como sociedad», sostuvo el secretario de Derechos Humanos.
Según Foradori, el primer caso considerado fue el del pianista Miguel Angel Estrella, y en los documentos de la Unesco también figura el profesor Alfredo Bravo.
En algunos casos, los archivos reflejan dudas respecto a la situación de personas desaparecidas por no pertenecer a los ámbitos definidos por la Unesco.
Es el caso de la familia Tarnopolsky, donde el denunciante comunica la desaparición de su hermana, su padre y su madre, respectivamente estudiante, químico y psicopedagoga.
De acuerdo a los documentos, el representante en ese momento del gobierno argentino en el organismo dijo que no había razón alguna para pensar que existía un vínculo entre esos casos y la esfera de la cultura.
Algunos miembros del Comité de la Unesco estimaron que las ocupaciones de las personas eran pruebas suficientes para la admisión de las comunicaciones, pero después de un debate, el comité decidió suspender el examen del caso.
Los documentos expresan cómo algunos miembros del Comité señalaron que habían aceptado con pesar y reserva la decisión de suspender el examen de esas comunicaciones, en vez de declararlas admisibles.
Ante una pregunta sobre los pocos casos de denuncias que aparecen en estos documentos, Foradori explicó que muchos familiares de detenidos-desaparecidos desconocían que la Unesco recibía estas comunicaciones, y que el caso contrario ocurría con la ONU y la OEA a las que se dirigían.
Entre las 75 denuncias que la Unesco hizo públicas a pedido de Argentina, se encuentran los casos de Alfredo Bravo; la familia Tarnopolsky; el músico Miguel Ángel Estrella; los niños uruguayos Julien Grisonas; secuestrados en la Argentina y encontrados en Chile; Fernando de Hallgarten; Alejandro Gutiérrez, hijo de la fallecida Presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Claudia Falcone, víctima de la Noche de los Lápices; y el poeta Claudio Grandi, entre otros.
