La defensa de la ex presidenta consideró que no tiene «fundamentos serios probatorios y jurídicos» el procesamiento dictado en su contra por la operatoria de venta de dólar futuro en el último tramo de su gobierno.
La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tachó de «político» y sin «fundamentos serios probatorios y jurídicos» el procesamiento dictado en su contra por la operatoria de venta de dólar futuro en el último tramo de su Gobierno, al presentar su apelación al fallo del juez federal Claudio Bonadio.
«Se trata de un acto írrito», resaltó el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, en la apelación presentada ante Bonadio contra su fallo, que será revisado por la Cámara Federal porteña.
En el escrito de ocho carillas al que accedió Telam, el abogado sostuvo que «salta a la vista la manifiesta ausencia de fundamentos serios probatorios y jurídicos que justifiquen» el procesamiento contra la ex presidenta.
«Se efectúan consideraciones de naturaleza exclusivamente política, en particular sobre los pormenores de la política económica en materia cambiaria adoptada por el anterior gobierno, que resultan totalmente impropias de una resolución judicial», agregó.
Y además argumentó que el delito por el cual se dictó el procesamiento» se inscribe en la maniobra de carácter delictivo que es objeto de investigación en la causa Nº 4211/16 del Juzgado Nº 12″ a cargo del juez federal Sergio Torres.
«Se efectúan consideraciones de naturaleza exclusivamente política, en particular sobre los pormenores de la política económica en materia cambiaria adoptada por el anterior gobierno, que resultan totalmente impropias de una resolución judicial
Este magistrado tiene a su cargo una denuncia presentada por diputados del Frente para la Victoria contra Bonadio y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger por el supuesto pago de contratos de dólar a futuro con el precio surgido de la devaluación posterior.
En el caso de Bonadio, se lo denunció por supuesto «prevaricato» por haber citado a declaración indagatoria a la ex presidenta y convalidado así que se continúe concretando delito.
Por ello Beraldi sostuvo que el procesamiento de la ex presidenta «se trata de un acto írrito».
Además, aludió a la «violación del principio de inocencia mediante la presunción ilegítima de dolo en la cabeza» de la ex presidenta.
La defensa criticó además que en el procesamiento, Bonadio ignoró la declaración en la causa como testigo del gerente general del Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX), Diego Germán Fernández, quien «dio cuenta de que Mario Quintana fue uno de los funcionarios del actual gobierno que decidió el precio que se iba cobrar por esas operaciones».
«Cabe mencionar que, según dieron a conocer diversas fuentes periodísticas, Quintana fue director y CEO de entidades que celebraron contratos de dólar futuro, beneficiándose con la operatoria», concluyó.
La apelación será elevada a la Cámara Federal junto a las presentaciones de los demás procesados en la causa a partir del jueves próximo, cuando finalice el plazo para cuestionar el fallo dictado el viernes pasado.
Bonadio procesó a la ex presidenta por el delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública» y la embargó por 15 millones de pesos.
También fueron procesados su ex ministro de Economía Axel Kicillof, actualmente diputado nacional por el Frente para la Victoria; el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y otros 12 acusados.
Según Bonadio, el delito se habría cometido por realizar operaciones con el dólar a un valor inferior al de mercado, lo que derivó en un multimillonario fraude.
Tanto la apelación de Cristina Kirchner como las de los demás imputados serán tratadas por la Cámara Federal aunque todavía resta determinar cuál de las dos salas se hará cargo.
Esto es así porque el abogado Beraldi recusó a los miembros de la Sala II, que actualmente tienen la causa, por entender que pudieron cometer prevaricato al confirmar a Bonadio al frente del expediente.
El pedido de apartamiento de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun debe ser resuelto por sus colegas de la sala I, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
Si estos últimos acceden al planteo y apartan a la Sala II, las apelaciones por la causa dólar futuro quedarán a su cargo.
