Fuentes gubernamentales aseguraron que la iniciativa es considerada como «la medida social más importante del año» y que beneficiará a alrededor de 2,5 millones de jubilados. El anuncio lo hará Macri este viernes.
El oficialismo priorizará en la Cámara de Diputados la sanción del proyecto de ley ómnibus que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días para pagar las sentencias de los juicios por reajustes salariales iniciadas por jubilados, que incluirá un programa de blanqueo de capitales y la autorización para venta de acciones de empresas privadas que forman parte del Fondo de Garantía Sustentable de la Anses.
El anuncio será realizado el viernes el presidente Mauricio Macri en un acto que se llevará a cabo en un centro cultural del barrio porteño de San Cristóbal, en el que estarán presentes alrededor de un centenar de jubilados.
El proyecto contempla que el pago de los reajustes de haberes a jubilados se concretará a través de los ingresos que perciba el fisco por el blanqueo de capitales y los fondos que ingresen por la venta de las acciones, serán destinados a solventar el pago a los jubilados, entre otras cuestiones.
«Este proyecto es una bomba fiscal y política», describió una fuente legislativa del oficialismo, al detallar algunos aspectos de la iniciativa que llegará a la Cámara de Diputados entre el lunes y el martes próximos.
El artículo que buscará viabilizar la venta de las acciones de empresas privadas que tiene en su poder la Anses busca levantar la traba implementada por el kirchnerismo el año pasado para una decisión de este tipo, cuando sancionó un proyecto de ley una cláusula que estipula la necesidad de contar con el voto positivo de dos tercios de los legisladores para autorizar una transacción de ese tipo.
Las acciones que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fueron a parar a manos de la Anses tras la reestatización del sistema previsional y el fin de las AFJP y corresponden a empresas como Telecom, Clarín, Techint, entre otras firmas.
Lo concreto es que esa ley puede se derogada a través de otro proyecto superador que cuente con el aval de una mayoría simple. Para el oficialismo, el proyecto votado en su momento por el kirchnerismo respondió más a una cuestión ideológica que efectiva, ya que considera que es más conveniente desvincularse de esas acciones por los vaivenes de la economía.
Desde el oficialismo sostienen que si bien los recursos del Fondo de Garantía Sustentable calculado en 770.000 millones de pesos disminuirá notablemente, se podrán sumar otros ingresos con el blanqueo de capitales que también se promoverá en este proyecto de ley ómnibus.
Sobre el blanqueo de capitales, el oficialismo es optimista en que será «más exitoso» que el que realizó el kirchnerismo hace un par de años, debido a que entre los potenciales interesados «existe la confianza de que no habrá persecución a quienes ingresen su plata y porque cada vez es mas difícil tener el dinero no declarado en el exterior».
Por lo pronto, la coalición oficialista asegura que si el proyecto llega en los primeros días de la próxima semana, se comenzará a debatir en forma inmediata en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsional Social, con la presencia de funcionarios del gobierno nacional.
«Este proyecto tiene la prioridad y desplaza en el tratamiento al resto de la agenda de Cambiemos que contempla los proyectos de fomento de las pymes y la creación del primer empleo», señaló la misma fuente oficialista.
«¿Quién se puede oponer a pagarle a los jubilados?», dijo un legislador oficialista al destacar la importancia del proyecto, y se animó incluso a sostener que la mayoría de los diputados «ahora van a tener que decir que Macri está tomando una medida revolucionaria y todos van acompañar esta ley».
Para Cambiemos este proyecto viene a poner en orden y cumplir con la ley «como no lo hizo el kirchnerismo que puso un pie encima de los recursos para no pagar las sentencias como lo establecieron los fallos de la Corte Suprema».
Comparó esta situación con la decisión que asumió el gobierno cuando debió pagar a los fondos buitre, tema que -a criterio del oficialismo- el kirchnerismo «no pudo o no quiso resolver».
